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Alrededor de 200 personas entre funcionarios, trabajadores municipales, concejales y ex concejales del PP se concentraron ayer a las puertas del Palacio Municipal para expresar su apoyo a los dos funcionarios del servicio de Urbanismo imputados en el "caso del Canal de Badajoz". La cita estaba marcada a la una de la tarde y se desarrolló en silencio unos diez minutos tras una pancarta en la que se podía leer: "Todos somos imputados". Uno de los funcionarios, Antonio Díaz Ambrona, hizo de portavoz de los concentrados para defender la "total honradez" del arquitecto municipal Carlos de Benito y el abogado y jefe del servicio de Urbanismo, José María Martínez de la Concha.

Los dos están querellados en el "caso del Canal de Badajoz" después de que la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos presentara una querella en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz y su titular la haya admitido a trámite. En el escrito, la Fiscalía Anticorrupción advierte indicios de delito por estafa continuada y contra la ordenación del territorio. Los empresarios Ángel Medrano y Rafael Álvarez Buiza también están implicados.

La Fiscalía desgrana tres tipos de irregularidades: Sobre el traspaso a la empresa Jardines del Guadiana de los terrenos municipales del Canal de Badajoz sin contraprestación alguna; la permuta con la misma empresa de terrenos municipales a un precio "notablemente inferior al del mercado"; y las "irregularidades" habidas en el ejecución del plan especial del complejo Golf Guadiana.

Antonio Díaz Ambrona defendió que Carlos de Benito realizó la valoración de los terrenos objeto de la permuta a través de una fórmula establecida en el Plan General de Ordenación Urbana de 1989, vigente en el momento del acuerdo. "Usó la fórmula oficial que había, otra cosa es que la fórmula estaba obsoleta y no esté bien adecuada a los valores de mercado. Carlos de Benito ha hecho lo que podía: aplicar las fórmulas que existían" para calcular el precio de los terrenos.

En cuanto al jefe de Urbanismo, José María Martínez de la Concha, argumentó que éste "había entendido que el canal era una servidumbre. Incluso, existen dictámenes de un abogado de Madrid que dicen que era una servidumbre. Al ser una servidumbre, los terrenos correspondían a los dueños de los terrenos por donde pasaba el canal. Podría estar equivocado, posiblemente", concluyó. Varios de los congregados expresaron su malestar porque hayan trascendido los nombres de los dos funcionarios imputados en las reuniones que se formaron después de la concentración.

Al acto de apoyo no asistieron exclusivamente los funcionarios del Ayuntamiento, sino también trabajadores municipales, el alcalde, Miguel Celdrán, y la mayor parte de su equipo de Gobierno. También estuvo la anterior concejala de Urbanismo, Cristina Herrera, hoy parlamentaria regional en la Asamblea, y el anterior primer teniente de alcalde, Alejandro Ramírez del Molino, hoy diputado en el Congreso por Badajoz. El alcalde, Miguel Celdrán, volvió a mostrar su "confianza total y absoluta en la profesionalidad y entrega de los funcionarios del Ayuntamiento". El regidor volvió a defender a los técnicos y aseguró que pondría "su mano sobre el fuego" por los dos imputados.

El alcalde pidió "paciencia, tranquilidad y serenidad" en la espera hasta la justicia dictamine su decisión y aseguró que él se encuentra "tranquilo" al estar seguro de que este asunto "no es el caso de Matías Ramos" y que quedará en nada. A primeras horas de la mañana, Celdrán explicó que conoció el texto íntegro de la querella por los medios de comunicación y que ni los propios técnicos municipales la habían recibido. Al ser preguntado si piensa querellarse contra el portavoz municipal de IU, Manuel Sosa, y el concejal del PSOE José Ramón Suárez, dijo que va a esperar a que finalice este asunto para decidirlo.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, José Antonio Monago, insistió en el derecho a la presunción de inocencia de los implicados y dijo: "hasta que el juez demuestre lo contrario, nuestra obligación es defender la actuación de todos los técnicos municipales. Y especialmente estos técnicos que se han caracterizado por ser brillantes en sus tareas, y sobre todo, por ser muy independientes y eficaces en su trabajo. Lo fueron con UCD, el PSOE y nosotros". Monago apuntó que los técnicos contarán con el servicio de la Asesoría Jurídica municipal, ya que lo que se cuestiona es su trabajo municipal.