Noticias Ya.com

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado un auto en el que estima inejecutable el derribo del conocido popularmente como "cubo" que alberga la Facultad de Biblioteconomía y la Biblioteca Regional. El alcalde, Miguel Celdrán, expresó ayer la satisfacción del Ayuntamiento ante la decisión del alto Tribunal, al igual que el Ejecutivo Autonómico. Por su parte, la asociación Amigos de Badajoz anuncia que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al considerar que el tribunal extremeño basa su determinación en un una "mala interpretación de la legalidad vigente". Este auto anula el que dictó el TSJEx en septiembre, cuando dio al Ayuntamiento un mes para presentar un proyecto de derribo que devolviera el estado original al antiguo hospital militar. Esto conllevaba la demolición del "cubo", el derribo del aulario y el rebaje en 1,35 metros de la cubierta del Hospital Militar. La asociación Amigos de Badajoz presentó un recurso contencioso administrativo en el año 2000 ante el TSJEx contra el Ayuntamiento, que había concedido la licencia de obras. Tres años más tarde, el mismo tribunal le dio la razón a la asociación, pero desde entonces el cumplimiento de la sentencia se ha alargado con recursos por las distintas partes.

Los últimos fueron por parte del Ayuntamiento y la Junta, que presentaron un recurso de súplica a esta decisión y del que ayer recibieron la notificación de la decisión. En su escrito, el Consistorio alegaba motivos legales y materiales que imposibilitaban devolver la construcción a su estado original. El TSJEx se basa en las razones legales para argumentar su nueva decisión. E detalle arquitectónico que provocó la reivindicación de Amigos de Badajoz hacia el proyecto se refiere a la altura, volumetría y estilo de una parte del edificio que alberga la Facultad, parte de la cual está integrada en el antiguo hospital. La clave está en que si bien el anterior Plan General de Ordenación Urbana no permitía un edificio de estas características en la Alcazaba, sí que lo permite el documento de ordenación urbana aprobado recientemente, el Plan General Municipal.

Así, la sala considera que se podría caer en una paradoja porque una vez que el Ayuntamiento cumpliera la sentencia y demoliera el edificio, se podría volver a solicitar una licencia para edificar otro de similares características amparado en las directrices del PGM y del Plan Especial de Protección del Centro Histórico. El magistrado apunta en el auto que la mayor complejidad del caso se debe a que en el momento de la concesión de la licencia se estaba redactando la revisión del plan de ordenación urbana mediante el que las obras del edificio quedarían "posibilitadas" en las nuevas directrices. "Por tanto, sería admisible que tras la ejecución de la sentencia pudiese nuevamente reconstruirse lo destruido". El alto tribunal extremeño considera "contra toda lógica" obligar al derribo del aulario y el rebaje en 1,35 metros de la cubierta del hospital militar para poder levantarlo al día siguiente.

Tiene en cuenta también que ello no conllevaría beneficio para nadie y "sí mucho perjuicio para el interés general" porque habría que indemnizar a la Universidad con cargo al dinero público, sufragar el coste de la demolición y la nueva ejecución de las obras. Considera que tampoco perjudica a nadie dejar el inmueble en pie. En el auto, el magistrado considera la "complejidad subjetiva" de la demolición porque si bien el Ayuntamiento concedió la licencia de obras, éstas fueron ejecutadas por la Junta que, a su vez, cedió las instalaciones a la Universidad de Extremadura, que es la titular actual de las instalaciones. El alcalde, Miguel Celdrán, se mostró enormemente satisfecho por la decisión judicial, ya que apuntó a que la Facultad ha sido el "germen de la revitalización" del Casco Antiguo y ha contribuido en gran medida a la rehabilitación de inmuebles.

Celdrán insistió en que está a favor de la rehabilitación del centro y que la ubicación de la Facultad en la Alcazaba ha servido de polo de atracción para la Universidad a Distancia, que está en la Plaza Alta, nuevos negocios y residentes. En definitiva, Celdrán subrayó que ésta "ha quitado el miedo" a los ciudadanos a traspasar la barrera que durante años supuso el Ayuntamiento. Celdrán recordó también las críticas que ha recibido por parte del secretario general del PSOE en la provincia, Francisco Fuentes, y del portavoz de los socialistas municipales, Francisco Muñoz, así como de su homólogo en IU, Manuel Sosa, por la edificación que ahora avala el TSJEx. El alcalde agradeció a Amigos de Badajoz que haya puesto este asunto en manos de los tribunales porque han demostrado "su amor a la ciudad". "Aquí no hay ni vencedores ni vencidos. La que gana es la ciudad", subrayó.

El Ejecutivo autonómico también se congratuló de que el TSJEx "reconoce la postura inicial que se mantuvo desde la Junta de Extremadura en todo momento, así como porque los estudiantes, la ciudad y sus habitantes no se verán lesionados con los perjuicios que se hubieran podido producir con el derribo", y porque podrán seguir beneficiándose de las mejoras y la vitalidad alcanzadas en el Casco Antiguo. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Francisco Muñoz -que era consejero de Cultura cuando se realizaron los concursos para la obra y cuando Patrimonio (que también dependía de él) aprobó el proyecto-, mostró ayer su alegría por la decisión judicial y apuntó que las administraciones se guiaron por la intención de dinamizar la zona con su construcción. "Como responsable que fui de llevar adelante el proyecto desde el punto de vista patrimonial, todo el proceso se hizo atendiendo a Ley y el problema era urbanístico", insistió.

Por su parte, la asociación de Amigos de Badajoz mostró su decepción por la nueva resolución judicial y confía en que el Tribunal Supremo les dé nuevamente la razón. "Estamos convencidos que cuando el Supremo vea lo que ha fallado el TSJEx se llevará las manos a la cabeza, pues (el Supremo) fue muy claro al respecto dejando entrever claramente el perjuicio que había causado al patrimonio de la ciudad", dijo su presidente, Antonio Manzano.

La asociación tildó el auto de "incongruente" porque "aquel mismo tribunal que advertía al Ayuntamiento que no podía "colar" una obra ilegal en el nuevo plan de urbanismo para intentar hacerla legal, usa ahora el argumento contrario para satisfacer los intereses de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento". La asociación subraya que resulta imposible legalmente construir un nuevo edificio "altamente impactante" en el interior de un Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural según marca la Ley de Patrimonio y el PGM. La asociación conservacionista continuará el camino de los tribunales que comenzó hace siete años en defensa del patrimonio de la Alcazaba y persevera en que es necesario el derribo. Pero, por el momento, el "cubo" se queda en pie.