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El edificio de la Facultad de Biblioteconomía de la Universidad de Extremadura, levantado en el año 2000 en el recinto amurallado de la Alcazaba donde existía un hospital militar del siglo XIX, deberá volver a su aspecto original. Eso dice el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) dado a conocer por el concejal de Urbanismo Celestino Rodolfo, un documento que ordena al Ayuntamiento de Badajoz que ejecute la sentencia del Tribunal Supremo y le da un mes de plazo -hasta el 14 de octubre- para tener listo el proyecto de derribo.

Como se sabe, fue la asociación Amigos de Badajoz la que denunció lo que ellos consideraban una agresión al patrimonio histórico de la ciudad y aunque en marzo del 2003 el TSJEX ya dio la razón a la asociación el proceso se ha alargado con recursos.

El alcalde, Miguel Celdrán, tras conocer esta comunicación judicial declara que "el tema está cerrado definitivamente y se le da la razón a Amigos de Badajoz, nos guste o no nos guste". No obstante, tras conocer el auto Celdrán dijo que ya había hablado con el presidente de Amigos de Badajoz, Antonio Manzano, "y estamos en a línea de hacer lo mejor que sea posible para la ciudad". Según el alcalde, ahora el siguiente paso es mantener una reunión con la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura en la que esté presente la asociación Amigos de Badajoz.

Celdrán dice estar sorprendido porque esta sentencia vaya dirigida al consistorio pacense "porque lo único que hizo (el Ayuntamiento) fue pensar que (la facultad) era necesaria, convenía, podía hacerse y se hizo. Al ayuntamiento le dieron todo hecho desde la Junta, concurso y proyecto, porque toda la Alcazaba es patrimonial y lo único que dijo el Ayuntamiento es que si ustedes dicen que todo está bien nosotros tenemos mucho interés en llevar Biblioteconomía al castillo (...) nos costó 500 millones de pesetas comprarlo para ponerlo a disposición de la Junta".

Por su parte, la Junta de Extremadura ha enviado por la tarde un comunicado en este mismo sentido, apelando a "una reunión entre todas las partes implicadas con el fin de llegar a un consenso" y añadiendo que respeta el auto del TSJEX.

El detalle arquitectónico que provocó la animadversión de Amigos de Badajoz hacia el proyecto se refiere a la altura, volumetría y estilo de una parte del edificio que alberga la facultad, parte de la cual está integrada en el antiguo hospital. Este añadido tiene forma de cubo y es fácilmente identificable teniendo en cuenta que se diferencia a primera vista del perfil de la Alcazaba o la Torre de Espantaperros. Ese cubo tiene cuatro plantas y una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados.

En la planta baja está el salón de actos, con capacidad para 180 personas. En las otras tres plantas hay 30 despachos de profesores, algunos de ellos dobles y triples. Además, debido al crecimiento que está experimentando esta facultad se están construyendo más despachos en el interior del polémico cubo.

Aunque el posible derribo de este cubo no afectaría a las aulas, de producirse su demolición el funcionamiento de la Facultad "se vería seriamente afectado", según han indicado a este diario profesores consultados. Por su parte, el decano de la facultad, Agustín Vivas, y el rector de la Universidad de Extremadura, Francisco Duque, han optado por no valorar la situación en la que quedaría esta facultad de ejecutarse la sentencia.

Hay que saber que el proyecto definitivo de esta construcción se aprobó en junio de 1998 por parte de la Comisión Provincial de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico de Extremadura tras un concurso público y que fue el 13 de junio del 2000 cuando la Asociación Amigos de Badajoz denunció ante este organismo que la obra "atentaba gravemente contra un edificio protegido y su entorno".

Una semana después la Consejería de Cultura tacha de "irresponsable" a la Asociación Amigos de Badajoz, que tardó una semana en solicitar la paralización de las obras y el 10 de noviembre del 2000 interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Badajoz, que había concedido licencia para la obra y después se había negado a paralizarla. El 8 de marzo del 2003 se hizo pública la sentencia del TSJEX a favor de lo demandado por la asociación: se obligaba al Ayuntamiento a devolver a la Alcazaba la situación en la que se encontraba antes de construirse la Facultad y la Biblioteca Regional.

Desde finales del 2003 hasta la actualidad la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento han ido de la mano para evitar la ejecución definitiva de la sentencia. Su pretensión es que el nuevo Plan General Municipal que está previsto que se apruebe en octubre legalice lo que antes fue ilegal, una solución que nunca convenció a Amigos de Badajoz.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, Juan Pedro Plaza, reitera su posición: "pedimos cordura a esta asociación y que haya un acuerdo mutuo. Acatamos la sentencia, pero no la compartimos porque más allá de disquisiciones estéticas esta facultad ha revitalizado el casco antiguo con la llegada de centenares de estudiantes que suben hasta allí cada día".

El auto emitido por la sección 1 de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia dice en el primero de los fundamentos de derecho que "el debate que se suscita en esta ejecución ha de ser examinado conforme a lo declarado en sentencia que, impugnándose las resoluciones por las que se concedían las licencia que afectaban a los edificios construidos en el recinto de la Alcazaba, resoluciones que se anulan y se declara la obligación municipal de restablecer el terreno y el edificio a que afectaban las obras a su situación originaria, previa a la ejecución de las obras" (sic).

El documento también tiene en cuenta el Plan General Municipal que está a punto de aprobarse y que legalizaría esta obra a posteriori, como pretendían la Junta y el Ayuntamiento, aunque este proceder no convence a la Justicia: "En el presente caso ya la misma insistencia municipal en demorar la ejecución de la sentencia hasta la aprobación de la Revisión del Plan y del Plan Especial más parece justificar que la aprobación de esa Revisión y Plan obedece a la finalidad de evitar la ejecución de la sentencia y, por ello, una actuación de las potestades administrativas (planificación urbanística) con un fin distinto del contemplado por el Ordenamiento que es la de un aprovechamiento racional del suelo conforme a los principios que inspiran dicha potestad en la Ley Autonómica ...".