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Todos los días arrastra su carrito de la compra por los más de treinta escalones que unen la entrada del bloque con la puerta de su casa. Tiene suerte, porque vive en un segundo piso, pero aún así siempre llega con la lengua de fuera, a menos que se encuentre con algún vecino que le ayude. Muchas veces se piensa el salir de casa para evitar el cansancio. María Grajera ya ha cumplido los 80 años, edad que no aparenta para nada. "A lo mejor es por el ejercicio de subir y bajar por las escaleras durante tantos años", bromea. Hace más de treinta que habita, junto a su marido -Francisco Galán, de 83-, en el bloque número 24 de calle José Reynolds de Miguel, una zona más conocida como las 500 de San Roque.

Ninguno de los edificios de este barrio, al igual que pasa con muchos bloques de la barriada de La Paz y de los grupos del Paseo Fluvial, cuentan con ascensor, a pesar de que tienen cuatro pisos de altura. La razón: son construcciones anteriores a 1997, año en que todavía no estaba vigente la Ley de Accesibilidad de la Junta y aún no era obligatorio que los edificios con tres o más plantas tuvieran un elevador. "Nosotros, al fin y al cabo, no lo echamos tanto de menos porque ni vivimos en el cuarto ni estamos impedidos. La gente que deba usar silla de ruedas o que no ande bien es que no puede salir de casa", expresa María Grajera. "Otro problema era cuando venían los nietos en las sillitas, imagínate".

La Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (Apamex) ha querido buscar soluciones a este gran obstáculo con el que día a día se enfrentan muchos pacenses desde hace años y ha propuesto al Ayuntamiento un borrador de ordenanza municipal que regule las condiciones para la instalación de ascensores en edificios existentes de carácter residencial. Esta entidad plantea que, si no hay espacio suficiente en el rellano del edificio en sí, los elevadores se coloquen en el patio interior o, si no, estar adosados a la fachada. En este último caso, éstos podrían ocupar bien espacio libre privado, bien espacio de dominio público.

El fin, según el presidente de Apamex, Jesús Gumiel, es que todo aquel que lo necesite tenga la opción de usar un ascensor para acceder a su vivienda. "El artículo 49 de la Constitución Española establece como uno de los principios que han de regir la política social y económica de los poderes públicos el de llevar a cabo una política de integración de las personas con discapacidad, y ése es el derecho que estamos defendiendo", resalta Gumiel. Asegura con optimismo que el concejal de Urbanismo, Celestino Rodolfo, se ha comprometido a estudiar esta propuesta, de manera que las expectativas son buenas. "Es la primera vez que se lo planteamos al Ayuntamiento de Badajoz y si se pone en marcha la ordenanza, sería la primera ciudad de Extremadura que ofrezca este servicio".

El presidente de la asociación de discapacitados quiso dejar claro que la instalación de un ascensor en un edificio que ya existe es una obra de acondicionamiento, por lo que al no suponer un aumento o aprovechamiento urbanístico, el elevador puede colocarse en bloques que hayan agotado su edificabilidad máxima. El presupuesto de un ascensor de este tipo oscila entre los 40.000 y los 60.000 euros (entre los seis y los diez millones de las antiguas pesetas), mientras que el modelo hidráulico cuesta la mitad. "Éste es, por ejemplo, el que se encuentra en el centro comercial Conquistadores, que une los aparcamientos con los cines. Es cierto que es más barato pero tiene recorrido limitado, sólo valdría para un par de plantas", explica Gumiel.

El objetivo de la instalación de estos elevadores es la eliminación de las barreras arquitectónicas, de manera que se deben cumplir una serie de requisitos para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Por ejemplo, se ha de garantizar el acceso a la cabina tanto desde la calle como desde la entrada de las viviendas a través de itinerarios practicables y sólo excepcionalmente podrá modificarse el trazado de las escaleras, aunque lo que se pretende, en principio, es que no se tenga que disminuir la anchura ni de los pasillos ni de los peldaños.

Asimismo, no se podrá incidir negativamente en las condiciones de evacuación, ni ventilación e iluminación que presente el edificio. Si la normativa saliera adelante, los interesados en llevar a cabo esta obra tendrían que pedir en Urbanismo las licencias oportunas y aportar un dossier que describa las distintas alternativas de colocación, razonando de mejor a peor estas posibles ubicaciones. Cuando la opción sea que se coloque en patios interiores, se deberá presentar documentación gráfica en la que se refleje la distribución de todas las viviendas y del resto de locales que abran huecos al patio.

En el caso de que se adose en la fachada del edificio, se deberá aportar un plano de emplazamiento en el que se dibujen todos los recorridos peatonales y rodados existentes y se defina la incidencia de la caja del ascensor proyectada sobre los mismos. Además, si se hace uso de suelo público, hay que justificar convenientemente la imposibilidad de ubicarlo en cualquier otro emplazamiento. Apamex lo tiene todo pensado, ahora sólo falta que los responsables municipales den el visto bueno a un proyecto que lucha contra las barreras arquitectónicas.