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Habían pasado casi cuatro horas de pleno municipal cuando Santiago Pavón se encendió. "Señora, ¿usted me ha oído? Sabe lo que se le viene encima...", le dijo el concejal de Izquierda Unida a la alcaldesa. "No se pongan tan nerviosos", replicó Heras utilizando el plural. Y el edil de la izquierda (la política y la física, porque es ahí donde está su banco a los ojos de la presidencia) fue aún más lejos. "Estoy viendo un auténtico incumplimiento del pacto. Van tres y no aguanto uno más", avisó. La fricción dialéctica entre los dos socios de gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres es sólo un trazo de un dibujo más complejo, dominado por tensiones que no siempre se pueden disimular. Ayer, en una sesión tempranera (empezó a las nueve, una hora antes de lo normal), larga (cuatro horas y cuarto), prolija (28 puntos en el orden del día), pesada y jugosa a partes iguales, apareció en el debate un asunto por resolver desde hace años: el centro de educación especial y residencia PROA.

Allí van a clase, y también viven en muchos casos, alumnos de diferentes edades unidos por su discapacidad física y psíquica. Son más de ochenta alumnos que aprenden y conviven en un inmueble ajado por el paso de las décadas. Tan deteriorado que el PP cree que es "tercermundista" e IU califica su estado como "escandaloso". La única solución pasa por trasladar esas dependencias a otro sitio, un trámite pendiente de que lleguen a un acuerdo la Junta de Extremadura (por estar el centro adscrito a las consejerías de Bienestar Social y Educación), el Ayuntamiento (que debe poner la parcela para la nueva ubicación), y Caja de Extremadura (que pagará las obras). Pasa el tiempo, PROA sigue envejeciendo y no hay novedades. Por eso, ayer el PP presentó una moción de urgencia en la que proponía que se instara a las tres partes a ponerse manos a la obra para intentar encontrar una solución lo antes posible. Y la propuesta se aprobó por unanimidad, lo que no significa, sin embargo, que los cuatro partidos involucrados en el ejecutivo local vean el asunto de la misma manera.

Carmen Heras explicó que el Consistorio cedería una parcela en la urbanización Río Tinto (más allá de las vías del tren, en Aldea Moret), y que lo único que falta es el "sí" del Ayuntamiento para recalificar los terrenos que en ese mismo barrio ocupa ahora mismo el centro educativo y residencia. ¿Y por qué hay que modificar el uso de esa parcela? La respuesta está en que no hay un único dueño del suelo. Una parte es de Caja de Extremadura y otra de un particular. En esta situación, la entidad financiera quiere un cambio en la calificación urbanística para poder levantar sobre él viviendas sociales. Y aquí es donde Izquierda Unida se planta. "Si hay recalificación -anticipó ayer Santiago Pavón-, mi voto irá en contra y me personaré en el juzgado, y si no tengo razón me la quitará un juez".

Esa postura recuerda a la que la coalición mantiene en la conocida como "operación El Corte Inglés". La tesis del edil en este asunto es parecida: si hay recalificación de suelo y se construyen viviendas en el actual solar del colegio de Las Carmelitas (en la avenida Virgen de Guadalupe esquina con la calle San Pedro de Alcántara) para levantar ahí El Corte Inglés, acudirá a los tribunales. Al final, el hecho de que PP, PSOE, IU y Foro Ciudadano aprobaran la moción de urgencia sobre el PROA se traducirá, según anunció la alcaldesa, en una reunión de portavoces para agilizar el asunto. Por si hubiera pocas pistas sobre la posición de cada uno, Pavón, en su estilo, allanó el camino: "A mí no me llame a esa reunión", le dijo a Heras.

Antes, el concejal de IU había votado con el PP otra cuestión de menor calado. El partido de la oposición propuso que el Ayuntamiento de Cáceres se incorpore a la plataforma que rechaza el canon digital (que castiga la piratería aplicando una tasa sobre cedés, deuvedés, teléfonos móviles o impresoras) e IU alabó la proposición. En la práctica, la propuesta tiene un carácter más simbólico que práctico. Una tercera iniciativa del PP fue la referida a la Unidad de Mediación Social (UMS) de la Policía Local, supuestamente perjudicada por el nuevo reparto de horarios y turnos. Según la oposición, esos cambios han motivado, entre otras cosas, que no haya agentes en las puertas de los colegios, a las horas de entrada y salida de alumnos. Según el PSOE, eso es mentira, la Policía Local sigue cumpliendo todos sus servicios y el nuevo cuadrante, que fue negociado con los sindicatos, ha supuesto cumplir una petición de los agentes que se remonta a hace ocho años. Tras escuchar a unos y otros, la alcaldesa -responsable última de cualquier reestructuración en la Policía Local- optó por ordenar que se constituya una comisión que analice el asunto con detalle.

Las cuatro horas y cuarto de sesión dieron para otros muchos asuntos, entre ellos otro que como el de PROA, no es en absoluto nuevo: las pistas deportivas en el barrio de Nuevo Cáceres. Tras un intercambio de pareceres sobre por qué no se han construido esas pistas y quién es el culpable, el concejal de Foro Ciudadano terció: "Estamos engañando a los ciudadanos de Nuevo Cáceres. Hagamos las pistas". Antes y después de eso hubo tiempo para los reproches usuales. Javier Castellano y Lorenzo Calle se acusaron mutuamente de mentir, uno cree que el otro no ha hecho nada en el año que lleva gobernado, y el otro le dice al uno que no es fácil ordenar el barbecho en el que habían dejado el Consistorio tras doce años gobernando. Hasta que aparece en escena Santiago Pavón y la cosa cambia.