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No habrá 1.733 viviendas nuevas en la estación de Arroyo-Malpartida. Esa cifra es la que prevé inicialmente el nuevo PGM (Plan General Municipal), pero la Junta de Extremadura, que tiene que dar el visto bueno antes de su aprobación definitiva, alegó, entre otras cuantas cuestiones, que eran demasiadas casas. La principal objeción que hizo el gobierno regional fue la distancia a Cáceres (16 kilómetros), que haría muy costoso llevar hasta las viviendas todos los servicios necesarios y obligaría a que algunas infraestructuras atravesaran suelo perteneciente a Malpartida de Cáceres. "La propuesta supondría una desviación en la aplicabilidad de los objetivos mínimos de calidad que son requeridos en cualquier planeamiento urbano moderno", señala la Junta, que añade: "Si se propone definitivamente, debería ver rebajada sustancialmente su densidad".

Y ese descenso rondará el cincuenta por ciento. "Estamos de acuerdo en que son muchas viviendas, y habrá que reducir la previsión -dice la alcaldesa-. No sabemos exactamente a cuanto, pero será aproximadamente a la mitad".

Los asuntos debían ser analizados en la comisión de Urbanismo prevista para ayer, pero que finalmente no se celebró. La reunión ordinaria estaba convocada a las diez de la mañana, pero la alcaldesa habló con los portavoces de los otros grupos para preguntarles si tenían algún inconveniente en que la sesión comenzase a la una, y los portavoces no pusieron objeción. El motivo era que ella tenía que ir a Mérida "para tratar en una consejería asuntos de la ciudad y asistir a la constitución de la comisión ejecutiva del PSOE", detalle el Ayuntamiento. "Una vez que todos habían expresado su acuerdo, se convocó una comisión extraordinaria para ver los asuntos del orden del día -relata el Consistorio en un comunicado-, entre los que se encontraban licencias de obras de ciudadanos y continuar con la revisión de las alegaciones que la Junta de Extremadura ha hecho al Plan General Municipal".

Sin embargo, al ir a comenzar la reunión se conoció que el grupo popular la había impugnado porque consideraba que no estaba justificada la convocatoria de urgencia, lo que constituye "un pequeño defecto de forma", entiende el gobierno municipal. "Ante esto -añade el comunicado oficial- y para que no se anularan los acuerdos que se tomaran, se decidió posponer la reunión al martes 29 de julio, mientras que los miembros del PSOE, Izquierda Unida y Foro Ciudadano continuaron trabajando en la sala, viendo las alegaciones del Plan de Urbanismo que estaban programadas".

En opinión de Carmen Heras, "la actitud del PP va en contra de la ciudad", y constituye "una forma de obstaculizar y no permitir que asuntos de importancia salgan adelante".

El PP, sin embargo, tiene otro punto de vista. La oposición acusa a la alcaldesa de "suspender" la comisión de Urbanismo "por el simple hecho de asistir a una reunión interna de su partido, que no tiene ningún interés ni trascendencia para la ciudad de Cáceres ni para sus habitantes". "No es la primera vez que Heras antepone compromisos de partido al desarrollo y a la gestión de la vida municipal -asegura el PP-, así tenemos que recordar cómo en varias ocasiones se ha visto alterada la celebración de las sesiones plenarias por el afán de hacer la pelota a Fernández Vara".

El PP cree que a Carmen Heras "le interesa más su promoción dentro del Partido Socialista para asegurarse un puesto futuro y duradero que desarrollar su trabajo de alcaldesa". En este sentido, cree que su nombramiento como presidenta del PSOE extremeño dificultará su labor como alcaldesa, aunque según el PP, Carmen Heras "está cada día más desprestigiada" en Cáceres.

En la reunión de ayer, los miembros de IU, FC y PSOE también analizaron otras alegaciones de la Junta aparte de la referida a la estación de Arroyo-Malpartida. En concreto, vieron otra sobre la Ronda Este, la vía de circunvalación que deberá conectar la carretera de Mérida con la de Trujillo. Los miembros de la comisión de Urbanismo presentes ayer en la reunión analizaron algunas de las opciones de trazado, y también estudiaron otra alegación referida al Catálogo de Bienes Protegidos.

Este documento es una recopilación de inmuebles de la capital que por su interés (por razones históricas o arquitectónicas, en la mayoría de los casos), gozan de una protección especial. Eso afecta, por ejemplo, a los propietarios a la hora de hacer reformas. "Hemos visto que el listón está muy bajo -explica Heras-, y estamos de acuerdo en que en el Catálogo hay inmuebles que no tienen el suficiente interés como para estar en él".