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Zonas como Tres Arroyos, Los Montitos, La Atalaya o Río Caya, entre otras, han ido creciendo en número de habitantes y viviendas a lo largo de las dos últimas décadas -actualmente hay barrios que cuentan con hasta 500 vecinos censados-, pero algunas de estas construcciones se han levantado de manera no lícita, bien porque sus propietarios no han solicitado la licencia de obra necesaria o porque la parcela en la que se ubican no tiene la extensión suficiente para edificar.

Antes de que entrara en vigor el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1989, como se denominaba anteriormente, el Ayuntamiento autorizaba la edificación en las parcelas de suelo rústico de 5.000 metros cuadrados. Sin embargo, tras la aprobación de aquel documento, la superficie para poder construir se amplió a los 25.000 metros. El problema empezó cuando la nueva norma no fue respetada y las viviendas siguieron surgiendo en terrenos de 5.000 metros, o incluso de menor extensión.

De este modo, lo que está inscrito hoy día en el Registro de la Propiedad son las parcelas, que sí son legales, pero no estas casas, que a efectos fiscales no existen.

En esta situación se encuentran, por ejemplo, algunas residencias de La Atalaya, de Río Caya, de la segunda fase de Tres Arroyos y ciertas viviendas ubicadas en los alrededores de la Dehesilla de Calamón. Sin embargo, estas barriadas precisamente, junto con El Corzo, presentaron un Plan Especial tras la aprobación del PGOU de 1989 con el que, en principio, ya cumplían con la legalidad. No obstante, las áreas han seguido creciendo con posterioridad a esa fecha en cuanto a construcciones ilícitas se refiere. Ahora, con el nuevo PGM, los vecinos tiene otra vez la posibilidad de normalizar sus hogares con la presentación de un nuevo Plan Especial.

Por otra parte, tal y como explican desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento, existen aproximadamente 30 áreas más en el extrarradio que no presentaron Plan Especial alguno en aquel momento, de manera que han de elaborar ahora un Plan Parcial para conseguir los papeles pertinentes. "La diferencia entre unas zonas y otras es que las del Plan Parcial tendrán que ceder un pequeño porcentaje de terreno de acuerdo con la nueva Ley de Suelo, aspecto que no ocurría antes".

A la entrada de muchas de estas urbanizaciones de las afueras cuelgan desde hace unos meses carteles que rezan: "Se legalizan parcelas". Desde la sección de Urbanismo municipal indican que el procedimiento más lógico es que la comunidad de vecinos -legalmente constituida- contrate a un arquitecto que sea el encargado de elaborar el informe técnico de la zona, un documento que será entregado posteriormente al Ayuntamiento. "El trámite no es excesivamente ni caro ni lento, puede ser asumido por los vecinos, el principal problema es que éstos se pongan de acuerdo".

"De todas formas, tendría que regir la Ley de la Propiedad Horizontal, es decir, si la mayoría de los afectados está de acuerdo, todos tienen que aportar la cantidad de dinero que les corresponde, al igual que cuando se quiere pintar la fachada en un bloque de pisos".

"Al presentar los planos y éstos obtener el visto bueno, se lograría la licencia de obra y se podrían acometer urbanizaciones y saneamientos", apuntan.

Ser suelo urbano secundario significa tener el derecho a exigir ciertos servicios municipales, como pueden ser la limpieza, el agua y el transporte público. Además, también implica que esas áreas ya son responsabilidad de la Policía Local, mientras que si se tratase de suelo rústico la competencia recaería en la Guardia Civil. "De todas maneras, no se les puede exigir el mismo nivel de urbanización porque se trata de núcleos secundarios, lo que supone que no pueden contar con las mismas infraestructuras que, por ejemplo, Sinforiano Madroñero en cuestiones como el alumbrado", subrayan.

Los presidentes de las asociaciones de vecinos de barriadas del extrarradio consultados -Atalaya, Corazón de Jesús, Los Montitos, Tres Arroyos, Río Caya y Dehesilla de Calamón- coinciden en que son, precisamente, la limpieza, el agua y el autobús sus reivindicaciones principales. "Si nos han convertido sin preguntarnos en núcleo urbano secundario y pagamos los mismos impuestos que el resto de ciudadanos, no podemos tener sólo un contenedor de basura a las afueras del barrio que siempre está a rebosar", expresa Mariano Armingol, portavoz de La Atalaya.

"El agua que tenemos sale de pozos privados y nuestra conexión telefónica es rural", añade José Fernández Cabezudo, presidente de Río Caya.

La antigua concejala de Urbanismo del Ayuntamiento, Cristina Herrera, aseguró en su día que con la aprobación del nuevo PGM no se permitiría ni un área residencial más en el extrarradio de la ciudad. De ahí el especial celo mostrado por los servicios de inspección municipal en algunos intentos de parcelación ilegal, como ocurrió en la finca Los Rostros hace varios años.

Por su parte, el actual edil de Urbanismo, Celestino Rodolfo, no se ha manifestado al respecto.