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El 10 de febrero de 2005, el entonces consejero de Sanidad y hoy presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anunció en la Asamblea que el 1 de enero del año siguiente los dos centros psiquiátricos de la región, en Plasencia y Mérida, estarían integrados en el Servicio Extremeño de Salud (SES). Hoy, más de tres años después de aquella promesa, ambos complejos hospitalarios siguen dependiendo casi por completo de las diputaciones provinciales, que son quienes pagan la práctica totalidad de sus tremendos costes de funcionamiento.

Durante este tiempo la única competencia asumida por el SES en relación a los psiquiátricos ha sido la gestión médica y hacerse cargo de los pacientes de nuevo ingreso a partir del 1 de enero de 2006, la fecha comprometida por Fernández Vara. En el caso de Plasencia, eso supone unos 700.000 euros de los 12 millones que cuesta mantener el servicio, una factura que continúa pesando sobre las arcas de la Diputación.

Tan alto coste se debe sobre todo al personal. Los 600 trabajadores del Complejo Hospitalario de Plasencia son aproximadamente un tercio de todos los que tiene a su cargo la Diputación de Cáceres. Durante las últimas semanas, al ver que su situación seguía sin aclararse, han protagonizado movilizaciones exigiendo a la administración que fijara unos plazos de obligado cumplimiento para el traspaso definitivo de las competencias al SES.

La comisión mixta formada por la Consejería de Sanidad y las diputaciones comenzará a trabajar dentro de cinco días, el 1 de abril, con el mandato de tener lista como máximo el 30 de junio una hoja de ruta que desemboque el la desvinculación total de los psiquiátricos con las diputaciones. Los sindicatos han exigido que se les mantenga informados en todo momento de la evolución de esas negociaciones.

Aun así, ayer se celebró en la Diputación de Cáceres un pleno extraordinario solicitado por el grupo popular, que había pedido la comparecencia de los diputados de Economía, Recursos Humanos y Psiquiátrico para que explicasen en profundidad todas las gestiones que se están llevando a cabo. Pero no hubo explicación alguna. La ley exige que el pleno apruebe por mayoría este tipo de comparecencias, y el grupo socialista votó en contra.

El PP tuvo que conformarse con algunas palabras del presidente, Juan Andrés Tovar, quien recordó las fechas ya conocidas del 1 de abril para el inicio de la comisión mixta y el 30 de junio para la entrega de sus conclusiones. También mencionó los compromisos alcanzados ya con los representantes de los trabajadores, que son que no habrá movilidad geográfica para nadie, que el Psiquiátrico seguirá en Plasencia y que la transferencia al SES servirá para "mejorar la vida de los enfermos", un objetivo del que se habla poco pero que a su juicio es "lo más importante de todo esto".

El portavoz del grupo popular, Fernando Manzano, criticó que se haya firmado para este año un nuevo convenio con la Consejería de Sanidad que contempla el pago a la Diputación de tan sólo una mínima parte del coste total de servicio. Tovar le respondió que es necesario hacerlo así para que la institución reciba el dinero que le corresponde para 2008 mientras se desarrollan los trabajos de la comisión mixta.

El presidente pidió tratar este asunto con "mucho cuidado y delicadeza", e insistió en que "los representantes de los trabajadores están bien informados de todos los pasos que se están dando".

Anteriormente a esta sesión extraordinaria se celebró otro pleno, el ordinario del mes marzo, en el que el punto más destacado fue la incorporación de varias entidades locales a la disciplina del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), que a partir de ahora se encargará de cobrar varios impuestos y tasas municipales para la Mancomunidad Valle del Ambroz, los ayuntamientos de Coria e Ibahernando y la entidad local menor de Azabal.

El pleno aprobó también solicitar al Ministerio de Administraciones Públicas una ampliación de 250.000 euros de la ayuda para modernizar la administración local. Según explicó el portavoz del equipo de gobierno, Miguel Ángel Morales, ese dinero serviría para ampliar de 10 a 60 el número de municipios que se encuentran incluidos en la Intranet de la Diputación, con acceso directo a todo tipo de trámites y documentos.

El grupo popular puso objeciones a la modificación del convenio que tienen la Junta y las dos diputaciones para la recuperación de la memoria histórica. Según su portavoz, Fernando Manzano, su abstención se debió no a que se opongan al proyecto, sino a que creen que la provincia tiene otras necesidades mayores a las que se podría destinar ese dinero.

Dentro del convenio con el Ministerio del Interior para la reforma de las casas cuartel de la Guardia Civil, se aprobaron dos partidas, una de 41.351 euros para Deleitosa y otra de 18.700 para Casas del Castañar.