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El pleno de la Diputación de ayer pasará a la historia. No por corto ni por largo, ni por entretenido ni por aburrido, ni tampoco porque finiquitada la sesión un miembro de la bancada del PP gritara "¿España!" en honor de la selección nacional de fútbol, que 24 años después volverá a jugar la final de una Eurocopa.

El toque histórico le viene por duplicado. En primer lugar, porque nunca antes en la historia de la institución, uno de los grupos políticos había tenido más mujeres que hombres. Y en segundo, porque fue el pleno que siete años después del inicio de las negociaciones, certificó el cambio de manos del psiquiátrico de Plasencia, que desde el próximo martes será de la Junta de Extremadura.

El traspaso se realiza por un motivo fundamental: la ley establece que las competencias en materia de sanidad no corresponden a las diputaciones, sino a la Junta. Y su historia arranca en el año 2001, antes aún de la entrada en servicio del SES (Servicio Extremeño de Salud). "Junta y diputaciones abren el proceso para integrar los psiquiátricos en la red sanitaria", informaba este diario el 4 de abril de ese año. Guillermo Fernández Vara, entonces consejero de Sanidad, pedía a las dos administraciones provinciales que nombraran representantes para iniciar el proceso por el que los dos centros (el de Plasencia y el de Mérida) se integrarían en el futuro SES.

Desde entonces hasta ayer hay un camino salpicado de incumplimientos de plazos, manifestaciones de los trabajadores y otras polémicas. Hasta ayer, fecha en la que los votos del PSOE consiguieron aprobar por mayoría el acuerdo al que han llegado las dos partes implicadas.

Un asunto urgente

El convenio no figuraba en el orden del día de la sesión, pero a iniciativa de la presidencia, fue incorporado como un asunto urgente, para así poder cumplir el anuncio que en su día hizo Juan Andrés Tovar de dejar cerrado el traspaso antes del 1 de julio. Y dada la mayoría socialista en la administración provincial, salió adelante. Eso sí, con el voto en contra del PP, que se quejó por la precipitación con que el asunto se había llevado a votación, una falta de tiempo que reconoció el PSOE y por la que pidieron disculpas Tovar y Carlos Jurado, el diputado que ayer defendió el acuerdo. El PP pidió dejar el asunto sobre la mesa para estudiarlo en profundidad, y valoró de modo muy negativo el acuerdo económico alcanzado con la Junta.

Ese compromiso establece que la Diputación irá dejando de pagar el dinero que cuesta mantener el psiquiátrico de forma paulatina, a razón de un cinco por ciento anual (más la actualización del IPC en cada ejercicio) a partir de 2009. Es decir, el próximo año, pagará al Ejecutivo regional el 95 por ciento de los 14 millones de euros anuales que según la Diputación cuesta el centro. En 2010, pagará el 90 por ciento. En 2011, el 85 por ciento. En 2012, el 80. Y así sucesivamente hasta llegar al 40 por ciento. Eso sucederá en el año 2020. A partir de entonces, la Diputación seguirá pagando ese cuarenta por ciento.

A cambio, la Diputación destinará ese cinco por ciento para planes de obra en municipios con menos de veinte mil habitantes. A esas inversiones habrá que sumar el aporte de la Junta, en la misma cantidad que lo haga la Diputación. Por ejemplo, el próximo año, debe abonar al gobierno regional el 95 por ciento de 14 millones (aproximadamente), que son 13,3. Los 0,7 millones que se ahorra, más otros 0,7 que ponga el ejecutivo autonómico suman 1,4 con los que se pagarán actuaciones en localidades con menos de veinte mil habitantes.

Para el portavoz del grupo popular se trata de un acuerdo "casi infumable", que resulta "extraordinariamente bueno para la Junta y extraordinariamente malo para la Diputación de Cáceres". En opinión de su portavoz, Fernando Manzano, si la Junta pasa a ser quien gestione el psiquiátrico, debe hacerlo con todas las consecuencias, incluidas las económicas.

El PSOE defiende que un traspaso en esos términos es imposible, que ninguna institución lo aceptaría, y que lo prioritario no es el dinero, sino la mejora del servicio a los pacientes, algo que pasa inexcusablemente porque se haga cargo el SES, tal como establece la ley. En la actualidad, son 318 los enfermos que pasan sus días en el centro, y en la mayoría de los casos llevan varias décadas viviendo en él.

De ellos se ocupa una plantilla de unos cuatrocientos trabajadores, que ayer apenas conocían cómo va a repercutir sobre sus vidas el acuerdo aprobado. Presumiblemente conocerán más detalles la próxima semana, una vez se haya solventado el trámite burocrático de su aprobación por la Junta de Extremadura. De lo que hayan acordado los integrantes de la comisión mixta que ha negociado el traspaso dependen cuestiones como la categoría profesional o las retribuciones.