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Al respecto, la Asociación del Pueblo Gitano se mostró satisfecha de la continuación del caso, mientras que la Asociación de Vecinos de Monte Porreiro espera su sobreseimiento.

De este modo, el presidente de la Asociación del Pueblo Gitano, Sinaí Jiménez, expresó su "alegría" por el hecho de que "los vecinos no van a ser cumplido su deseo de que se cancelara la causa" presentada por el colectivo, alegando "amenazas, coacciones y vulneración de los derechos fundamentales".

Por su parte, el portavoz vecinal, Ángel Mario Lago, que fue uno de los seis vecinos de Monte Porreiro llamados a declarar, considera que "no existe causa ni motivo para que el proceso siga adelante" y confía en que a corto plazo sea un "caso resuelto", por lo que se muestra "tranquilo".

CONFLICTO SOCIAL "RESUELTO"

En la documentación aportada al fiscal, los vecinos incidían en la "ausencia de enfrentamiento físico" durante las acciones de protesta convocadas, que "en todo momento fueron controladas por las fuerzas del orden".

Lago también da por "resuelto" el conflicto social de su barrio en relación a los realojos, una vez que las familias gitanas renunciaron a los contratos de alquiles en las viviendas de Monte Porreiro y ya fueron reubicadas. No obstante, recordó que los vecinos de Caritel, en Ponte Caldelas, mantienen sus movilizaciones contra la situación de dos familias a las que se asignaron viviendas en esa parroquia.

Sin embargo, Sinaí Jiménez apela para que los encausados se sienten "en el banquillo para rendir cuentas". La Asociación asegura en un comunicado que "estos vecinos pagarán por el daño hecho a estas familias, por las acciones violentas que han provocado".