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En Ponteareas, un pequeño municipio de la provincia de Pontevedra, los vecinos todavía se estremecen al recordar lo sucedido en septiembre de 2006. Un niño de dos años de edad fallecía de inanición, después de que su propia madre lo trasladara al centro de salud local y los servicios médicos no fueran capaces de reanimarlo, mientras que su hermana mayor, de tres años, ingresaba en un hospital con síntomas de malnutrición.

La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra acaba de condenar a 38 años de cárcel a la pareja, que dejó morir de hambre y de sed a su bebé. El tribunal entiende que ambos eran conscientes de la gravedad de lo sucedido, y acusa a la madre de "pasividad" y al padre de "indiferencia". La sentencia sanciona con 13 años por un delito de homicidio a Antonio C. G., padre del niño fallecido, y a otros ocho años por otro delito de homicidio en grado de tentativa, dado que la niña estuvo a punto de perder la vida por el mismo motivo.

Su compañera tendrá que responder con 11 y 6 años de cárcel por sendos delitos. Sobre la procesada, se ha aplicado una atenuante a causa de la alteración psíquica que sufre, ya que "padece un retraso mental leve" que, sin embargo, no le impedía comprender la ilicitud del hecho, lo que impide que se le aplique la eximente completa, porque era consciente de lo que estaba ocurriendo.

Además, el tribunal impuso a ambos la prohibición de aproximarse a la hija sobreviviente con la retirada de la patria potestad hasta que cumpla 18 años. También tienen que indemnizarla con 18.000 euros por el fallecimiento de su hermano y con 50.000 euros por los daños físicos y las secuelas y daños morales sufridos. La sentencia da por probados los hechos que ocurrieron en septiembre de 2006, cuando el menor de los hijos de la pareja ingresó deshidratado en estado muy grave en el hospital por la falta de alimentación.

Tenía dos años y pesaba poco más de ocho kilos. Su hermana mayor, de tres, también presentaba síntomas de sufrir las mismas carencias básicas, con un peso que no llegaba a los ocho kilos. El tribunal dice que ambos procesados dejaron de proporcionar alimento a sus hijos dos o tres meses antes de esos hechos.