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A través de dicho operativo, puesto en marcha en mayo de 2006 por el anterior fiscal jefe de Lugo Jesús Izaguirre, se trata de esclarecer si existieron irregularidades en algunos expedientes de adjudicación de direcciones de obra de la Diputación.

El letrado lamentó que en estos dos años"no se haya hecho absolutamente nada de instrucción" y advirtió de que"una vez que se realice la instrucción habrá que determinar si se llega a juicio oral o no, o al archivo de la causa".

De este modo, interpretó que esta operación, con registro incluido en la Diputación presidida en ese momento por el"popular" Francisco Cacharro, fue"un bluff que no lleva absolutamente a ninguna parte".

Recordó, además, que precisamente dicho registro esta"pendiente de resolver" su nulidad a través de un recurso que se presentó ante el Tribunal Constitucional. Así, Roibás coincidió con el fiscal jefe de Lugo, Jacinto Fernández Vilalvilla, al estimar que este año no se celebrará el juicio, con diez personas imputadas, cinco de ellas funcionarios provinciales."Este año no se va a celebrar el juicio y el año que viene tampoco, si continúa la instrucción como va ahora", lamentó.

El letrado se quejó también de los"múltiples perjuicios" que se están ocasionando a su cliente y a los otros procesados."No es normal que hayan pasado dos años y no se haya hecho absolutamente nada. Lo único que se hizo fue que los papeles que se habían incautado se trajeran al juzgado, fuera de eso no se ha hecho nada en fase de instrucción, ni se han pedido nuevas diligencias" insiste en sus criticas a la fase de instrucción", comentó.

Con todo, Roibás se mantuvo firme en la defensa de su patrocinado y del conjunto de la"Operación Muralla", y resaltó que no se acredita la"existencia de ningún delito".