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El Diario Oficial de Galicia recoge en su edición la orden por la que se constituye la comisión para el estudio y la preparación de la futura Ley de Función Pública Galega, que elevará su propuesta a la Xunta en un plazo de seis meses. La comisión estará formada por un equipo multidisciplinar, procedente de la judicatura, la universidad, y los ámbitos locales y autonómicos. La presidencia correrá a cargo del conselleiro José Luis Méndez Romeu, y habrá 16 vocales.

El objeto será el estudio y el diagnóstico de la situación actual, y el culmen lo marcará la elaboración de un informe de propuesta sobre la futura normativa. El órgano contará con un colaborador externo, Miguel Sánchez Morón, abogado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá y presidente de la Comisión para la elaboración del Estatuto Básico del Empleado Público.

Los 16 vocales serán José Vicente Alvariño Alejandro, director da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta; María Camiño Agra, directora do Instituto Tecnolóxico Empresarial Caixa Galicia; José Luis Carro Fernández-Valmayor, catedrático de Dereito Administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC); y Antonio Fernández Paniagua, director xeral da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional del Servizo Galego de Saúde.

De igual modo, forman parte Benito Roberto Fernández Rodríguez, secretario xeral de la Consellería de Educación; Rosa Fernández Somoza, concejal de Persoal do Concello de Santiago de Compostela; Antonio Javier Ferreira Fernández, profesor titular de Dereito Administrativo de la USC; y Pablo González Mariñas, diputado en el Parlamento de Galicia.

Se le suman Mª Luisa Graña Barcia, delegada autonómica de Tragsa; Antonio Izquierdo Escribano, director da Escola Galega de Administración Pública (EGAP); Ramón Maíz Suárez, profesor de Ciencia Política da Administración de la USC; Alberto Palomar Olmeda, magistrado do Contencioso-Administrativo, profesor de Dereito Administrativo da Universidad Carlos III y vocal de la Comisión de Expertos para a elaboración do Estatuto Básico do Empregado Público; Dolores Rivera Frade, magistrada del juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santiago.