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Pese a lo distanciadas que se presentaban "a priori" las propuestas de cada grupo parlamentario gallego sobre cómo se debía producir la transferencia de Tráfico del Gobierno central a la Comunidad y qué contenidos debía agrupar la competencia negociada por el líder del BNG, Anxo Quintana, en conversación telefónica con Zapatero, la reunión de los tres portavoces con el vicepresidente de la Xunta tuvo un efecto balsámico y se preparan ya para cerrar un acuerdo consensuado esta misma semana. Quintana no ocultó su satisfacción por poder elevar a las Cortes un texto conjunto para reclamar la competencia por medio del artículo 150.2 de la Carta Magna, aunque el traspaso ya no se debatirá en Madrid hasta la próxima legislatura.

Lo más reseñable, por tanto, del documento que preparan las fuerzas políticas gallegas y que, según afirmó el número dos del Ejecutivo autónomo, se aprobará en el primer pleno que sea posible -bien en uno extraordinario este mismo mes, bien en la reanudación del periodo de sesiones en febrero-, es que sentará las bases para la creación en Galicia de una Policía Autonómica, con agentes formados en la materia y pudiendo gestionar las sanciones de tráfico. Con ello, Galicia se situará al nivel de las competencias que ostentan actualmente País Vasco y Cataluña, tal y como comprometió el presidente del Gobierno a Quintana.

En la Comisión de Peticiones del Parlamento intervino el Valedor do Pobo, Benigno López, quien presentó los resultados de un informe ejecutado durante el mandado de su antecesor en el cargo, Xosé Ramón Vázquez Sandes, y según el cual el mayor déficit que padecen las carreteras regionales es el inversor, por lo que López, sin entrar a valorar si la asunción de la competencia serviría para mitigar la elevada siniestralidad vial -aunque dijo que se "ganaría en coherencia" si Galicia gestionase todas las responsabilidades de Tráfico-, sí arengó a los presentes a suscribir un gran pacto social en esta materia de capital importancia. En lo que incidió especialmente el Valedor fue en que la solución contra la sangría de víctimas en el asfalto no pasa tanto por el traspaso competencial que tantos esfuerzos está recabando, sino en mayores inversiones en infraestructuras, agentes, radares y consejos de seguridad vial en los ayuntamientos.