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Agotados todos los márgenes de prudencia para no entorpecer las tareas de la comisión de investigación, el secretario general del PPdeG anunció al fin que "sin ninguna duda" su partido llevará ante los tribunales el escándalo de la agente electoral del PSOE que viajó a Argentina con cargo a fondos públicos, después del "vergonzoso" dictamen aprobado por socialistas y nacionalistas que elude atribuir responsabilidad alguna a cargos del bipartito.

El día después de que se aprobaran inicialmente en el Parlamento las conclusiones de la comisión de investigación con los votos de PSOE y BNG y el rechazo frontal de la oposición, Alfonso Rueda lanzó una dura andanada contra los nacionalistas, tras haberse convertido en "cómplices necesarios" del partido de Emilio Pérez Touriño en el encubrimiento de esta trama.

El PP entiende que el dictamen pactado por los socios del bipartito da por buena la cesión de trabajadores entre empresas sin documento alguno que las justifique, así como la utilización discrecional de ayudas públicas y la veracidad de la investigación interna de la Consellería de Presidencia, en la que se demostró que "Méndez Romeu mintió". Además, la oposición entiende que, de forma interesada, los cohabitantes de San Caetano han desechado testimonios de comparecientes que no les eran beneficiosos para sus intereses, y han bloqueado la posibilidad de implementar las labores de investigación sobre la Asociación de Viticultores do Castro, la sociedad interpuesta que contrató a la agente electoral del PSOE, partido con el que se evidenció que mantenía estrechos vínculos.

En esta denuncia obstruccionista, el PP mantiene que es razonable indagar sobre el resto de ayudas concedidas desde Traballo "para saber cuántos agentes electorales más se contrataron de este modo". "No vale la pena seguir hablando del dictamen", resumió Rueda, "no hay por donde cogerlo".

El PP avanzó también que realizará un voto particular "basado en hechos" a este dictamen, en el que se pedirán "dimisiones en cadena" tanto de altos cargos de la Xunta como del PSOE. "Quedó claro dónde está la puerta de la cueva de Ali Babá, pero por muchos candados que pongan, acabarán saliendo los cuarenta ladrones", dibujó el número dos del PPdeG. "PSOE y BNG han usado el Parlamento para sus paripés, han ido a mentir, a negar la evidencia", en una estrategia muñida "en los despachos de los conselleiros".

Estos encuentros fueron rotundamente negados por el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, quien rechazó la existencia de reunión alguna y consideró que si él o su formación pensaran que hay que elegir entre seguir en el gobierno o ser honestos, elegirían la honestidad.

Esta línea evasiva fue también utilizada ayer por el vicepresidente de la Xunta y líder nacional del BNG, un Anxo Quintana que eludió reclamar la depuración de responsabilidades que el lunes auguró su portavoz parlamentario para centrarse en la reforma del voto de la emigración.

"A esta altura de la película, más allá de exigir responsabilidades, que siempre lo haremos, lo que nos interesa es cambiar la normativa", aseveró. En opinión del titular de la Vicepresidencia, lo "importante" de las conclusiones de la comisión de investigación sobre la supuesta agente electoral es la "recomendación muy clara y explícita" para cambiar la situación del voto en el exterior, para lo que el BNG espera "responsabilidad" del PSdeG y también del PPdeG con el fin de modificar el modelo "cuanto antes". "Propuestas y oportunidades van a tener porque el Bloque se las va a proporcionar", apostilló.

Desde el PSOE, que pese a sostener que todo el caso de la agente electoral fue un montaje de la oposición firmó un dictamen en el que se reconocen deficiencias en la gestión administrativa de los fondos públicos, su portavoz en O Hórreo, Ismael Rego, fue un poco más allá al considerar que si tuviese que dimitir, el presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo,"no podría estar en política hoy" por la supuesta entrega de un cheque de la Diputación de Pontevedra al Centro Gallego de México.