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El juzgado de instrucción número 2 de Ferrol admitió ayer a trámite la querella criminal contra siete altos cargos de Fomento y los máximos responsables de las empresas Helicsa Helicópteros y Remolques Marítimos debido a su actuación en el naufragio de la embarcación "Cordero" en el pasado mes de enero.

El sindicato nacionalista CIG fue el promotor de la acusación, que cuestiona los procedimientos seguidos en el dispositivo de salvamento desplegado el 15 de enero a raíz del hundimiento del buque en las costas ferrolanas de Cabo Prior.

Felipe Martínez, director general de la Marina Mercante; Fernando Palao, secretario general de Transportes; Francisco Suárez-Llanos, subdirector general de Seguridad Marítima y Contaminación; Alfredo de la Torre, subdirector general de calidad y normalización de Buques; Pilar Tejo, directora general de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR); el director de operaciones de SASEMAR y el director del centro nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo forman la lista de acusados. A ellos se unen el presidente del consejo de administración de Helicsa Helicópteros y el presidente de Remolques Marítimos.

La CIG denunció una serie de graves irregularidades que se habrían producido durante las labores de rescate. Por ello, reclamó condenas por delitos de homicidio imprudente por omisión y contra los derechos de los trabajadores el pasado 28 de marzo. La formación sindical alegó que el helicóptero habitual no estaba a disposición de los efectivos de rescate y fue sustituido por otro sin el necesario equipamiento. También que los barcos tardaron en recibir la orden de salida.