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"No" aplastante a la propuesta del PP gallego de que la Xunta se vea obligada a realizar una auditoría de los servicios de Urgencias de todos los hospitales gallegos de la red sanitaria pública. PSOE y BNG tumbaron la iniciativa que el portavoz popular de Sanidad, Miguel Santalices, trasladó a la Cámara Baja denunciando que se está viviendo un auténtico "colapso" en dichos servicios, y no se está haciendo lo correcto para enmendarlo. Los socialistas rechazaron ya de plano que exista tal saturación de las urgencias, mientras los nacionalistas votaron en contra de la iniciativa pero porque el propósito auténtico sería extenderla a todos los servicios y no sólo a uno.

Razones más argumentadas o menos que sirvieron para evidenciar lo distantes que se presentan, a propósito de la sanidad pública, las posturas (y las cifras) en el Parlamento. Mientras Santalices censuraba los drásticos "errores de gestión" que acomete la Consellería que dirige María José Rubio (PSdeG) y achacaba la masiva presencia de pacientes en las urgencias a "que 300.000 ciudadanos esperan por un diagnóstico" en la Comunidad, su rival socialista, Modesto Pose, descartó la posibilidad de la auditoría y aseguró que el 60 por ciento de esos 300.000 enfermos -que ratificó sí aguardan su diagnóstico- son atendidos antes de tres meses.

Cristina Ferreiro (BNG), por su parte, apeló al pacto de gobierno del verano de 2005 que sentó a su partido y al PSdeG en el poder. En el acuerdo se suscribía la intención de auditar todos los servicios sanitarios. Sin embargo, el Bloque se negó a empezar por éste, porque votó en contra.

Más coherente se presentó la petición -también proveniente de la bancada popular- para investigar la situación real que atraviesa la abarrotada lista de espera del servicio de Cardiologá del CHOP (Complejo Hospitalario de Pontevedra). Los portavoces de PSdeG y BNG puntualizaron que tampoco en este caso hay objeto de investigación, ya que los retrasos que se están registrando obedecen a la marcha de cuatro especialistas, para cuya sustitución ya han sido convocadas las plazas. Ninguno puso objeción, no obstante, a que hasta que eso suceda, la demora se siga dilatando.

La sanidad gallega recibió además otro "varapalo", después de que la plataforma unitaria de los profesionales del ramo, formada por seis organizaciones sindicales (CC.OO., CESM, CIG, CSIF, UGT y el sindicato de enfermería Satse), anunciara que en fechas previas a la plena campaña navideña, el próximo 21 de diciembre, ha convocado una huelga para todo el personal de la Atención Primaria y de los Puntos de Atención Continuada (PAC) con la finalidad de reclamar mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios.

Antes de eso, y desde el próximo miércoles 12 de diciembre, realizarán paros de media hora como preludio de la "campaña de medidas de presión" que la plataforma tiene pensado emprender para que a la reforma de la Atención Primaria orquestada por la Consellería de Sanidad -y que ven con buenos ojos, incidieron- le acompañe las debidas medidas de mejora profesional y laboral, según subrayó el secretario de CIG-Salud, Xoán Cons.

También protestarán contra la última propuesta realizada por el Servicio Gallego de Salud, en la mesa sectorial del pasado 6 de noviembre, y el retraso en varias ocasiones de la siguiente negociación, que en principio podría prolongarse hasta el 14 de diciembre.

Cons detalló algunas de las peticiones de mejora que esgrimen los profesionales de la Salud: explicó que hace más de un año que sindicatos y Administración comenzaron las negociaciones del plan de mejora, que siempre resultaron infructuosas porque el Gobierno autonómico se centra en "medidas organizativas", y el personal reclama la reducción de la jornada a un máximo de 35 horas semanales, que se establezca una diferencia clara entre el horario de urgencias y el ordinario, y que en caso se ser necesario hacer horas extraordinarias, se respete la voluntariedad de las mismas. El secretario general de la Federación de Sanidad de CC.OO., José Luis Marcos, advirtió que Galicia tiene que garantizar "un modelo de condiciones de trabajo coherentes" para todo el personal afectado, sobre todo si quiere promover que se cubran los colapsos con más horas extra por parte de los facultativos o evitar que la gente formada busque trabajo fuera de la Comunidad.