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La asociación Galicia Bilingüe ha detectado la aprobación de ordenanzas municipales sobre normalización lingüística que incluyen artículos totalmente coincidentes con otros ya anulados en su día por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y que contravienen la Constitución y otras leyes, incurriendo en una quiebra del principio de cooficialidad de gallego y castellano.

En este sentido, la entidad solicitó formalmente al alcalde de Ferrol que proceda a modificar la normativa vigente en ese Concello, pues en su articulado aparecen textos anulados, concretamente en sentencia de febrero de 2006 por el TSXG, de la ordenanza del Concello de As Pontes.

Igualmente, Galicia Bilingüe detectó irregularidades en iniciativas similares desarrolladas en Salvaterra do Miño, Arteixo, Sada, Vigo y Ribadeo. En todos estos casos se especifica que el gallego es la lengua oficial y que las actuaciones administrativas realizadas en este idioma tendrán plena validez, pero sin matizar que el castellano debe de figurar en idéntico plano legal.

En Mugardos, Sada y Ribadeo se puntualiza que las comunicaciones municipales dirigidas a las administraciones civiles o militares del Estado, o a la de Xustiza, estarán sólo en gallego, y que se requerirá a contratistas y promotores la presentación de cualquier documentación en esa lengua, debiendo hacer uso de la misma en los bienes y servicios objeto del contrato en cuestión.

Otro caso llamativo, dicen, es el del borrador de la ordenanza de O Grove, municipio en el que además de ser el gallego la única lengua oficial y figurar la exigencia ya citada a contratistas y promotores, se impone que todos los formularios utilizados por los diferentes órganos del Concello estén redactados sólo en gallego, entendiéndose que esta Administración Local no tiene la obligación de disponer de documentación en castellano o impidiéndose expresamente, por ejemplo, que las señalizaciones puedan figurar en esta lengua.

Galicia Bilingüe defiende que la inclusión de estos y otros preceptos suponen una clara quiebra del principio de cooficialidad de los dos idiomas y una evidente discriminación hacia los ciudadanos castellanohablantes en sus relaciones con estos concellos. La asociación dice que de esa manera consideró el asunto el TSXG, y cuenta que resulta sorprendente que esas ordenanzas no hayan sido modificadas.