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El Parlamento gallego dio ayer luz verde a la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Suelo que reza, entre otras medidas, la reserva de entre un 30 y un 40 por ciento para vivienda pública. Un decreto que suavizará, según señaló en su intervención la conselleira de Política Territorial, María José Caride, los precios, y bloqueará la especulación.

Y si para la titular departamental esta modificación legislativa es un "paso adelante de cara a garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna", para el PP se trata de una norma "intervencionista". En esta dirección se manifestó ayer la diputada popular, Pilar Rojo, quien consideró que la aprobación de estas medidas urgentes "carece de sentido tres años después del cambio de Gobierno". Del mismo modo, alerto que la modificación está hecha a espaldas de los ayuntamientos y "desvirtúa la actual normativa".

Tras asegurar que su partido no está en el Parlamento para avalar "paripés ni amaños", señaló que la modificación de la Ley del Suelo aprobada por los socios de gobierno creará una gran "inseguridad jurídica", por lo que pidió a las formaciones que, en un ejercicio de responsabilidad, hagan un nuevo decreto.

Convencida de que el apoyo de Caride a la normativa no es más que un intercambio de cromos entre ésta y el BNG, para que la conselleira nacionalista de Vivienda respalde la Ley de Medidas Urgentes del Litoral, consideró que la aplicación del decreto sólo beneficia a los "grandes promotores, en contra de lo que dicen defender los socios de gobierno".

Frente a las acusaciones de la oposición, la conselleira aseguró que esta modificación legislativa permitirá "incrementar el bienestar de los gallegos". En concreto, explicó que prevé la creación de una red autonómica de suelos dotacionales para vivienda pública, con el fin de favorecer el acceso a la vivienda de los sectores más desfavorecidos de la población; y reserva entre un 30 y un 40 por ciento de vivienda protegida en los ayuntamientos, según su número de habitantes.

Así, defendió la capacidad que la normativa otorga a la Xunta para vigilar que los promotores acompasen la construcción de vivienda protegida a la de la vivienda libre, al tiempo que garantizó que evita la segregación de los ciudadanos según su nivel de renta.

En su réplica, Rojo reprochó el "nulo interés por el consenso" de los miembros del bipartito, a los que recriminó que hayan rechazado las treinta enmiendas propuestas por su formación. "Una muestra más de que el diálogo y el talante del que alardea la Xunta no es más que una careta para ocultar su intolerancia y soberbia", sentenció tajante.

El diputado del PSOE, Pablo López Vidal, explicó que el objetivo de esta ley es pasar de las 3.600 viviendas de protección autonómica que se construyen al año en Galicia a 10.500.

Tras acusar a los populares de "priorizar el negocio sobre el derecho", bromeó al asegurar que las enmiendas de la oposición debieron de ser redactadas por el ex alcalde de Sanxenxo y actual portavoz del PP en Pontevedra, Telmo Martín.

También la representante nacionalista Carme da Silva se mostró crítica con la oposición del PP al decreto. En este sentido, le echó en cara que defienda los intereses de la Confederación de Empresarios de Galicia, ya que las enmiendas de este partido son las mismas que aportó la CEG en un voto particular en el Consello Económico y Social.