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"No se trata de hacer vendetta contra nadie". El verano de 2007 tocaba a su fin, y los tres grupos del tricornio parlamentario gallego saludaban con esta licencia, -en el nuevo período de sesiones-, a la comisión de investigación del contenedor cultural del Monte Gaiás. Pero tras semanas atrincherados, el dictamen inicial es, simplemente, un ajuste de cuentas desafortunado, exiguo y muy pobre. Los dos grupos integrantes del bipartito que rige los designios de Galicia se conforman con el nombre de un infractor, el ex conselleiro de Cultura en el gobierno de Manuel Fraga, Jesús Pérez Varela. Este órgano no sólo centra en el popular las responsabilidades de la mala gestión del proyecto, sino que lo resuelve todo con un "problema de incompatibilidades" y lo sitúa dentro de la trama de presuntas irregularidades y olvidos contables.

En definitiva, sesiones de muchas horas para unas conclusiones insuficientes que se ceban con un cabeza de turco del que tratarán de averiguar si tanto él como sus allegados se lucraron con esta ambiciosa propuesta y si tras las adjudicaciones hay un verdadero botín en comisiones y favores. El informe, que concluye con una "posible infracción de la legislación" por parte del anterior encargado de la cartera cultural en San Caetano, será remitido al Ministerio Fiscal para su conocimiento y, en caso de que así lo estime, la puesta en marcha de un procedimiento judicial.

En el documento, de 44 páginas (que hacen un recorrido por la historia del edificio, desde 1998 hasta 2005 y la etapa de la coalición), las resoluciones recogen dos peticiones y un decálogo de recomendaciones. Las cuestaciones son concretas: se requiere al Gobierno gallego copia de todas las declaraciones de bienes patrimoniales realizadas por Pérez Varela que obren en el registro que lleva la Inspección General; y a la TVG se le pide que informe al Parlamento de las posibles incompatibilidades en las que pueda ester incursa esta persona como miembro del Consejo de Administración del canal autonómico y administrador solidario de Chuvieira S. L.

La razón es que, según este análisis, el ex conselleiro inscribió esta última empresa junto a su mujer en el registro mercantil el mismo día que abandonó su cargo, cuando "Chuvieira tiene un objeto social idéntico al que constituía el ámbito de competencias de su departamento", dice el estudio, que agrega que la actividad de patrocinio, a la que también se dedica esta empresa, puede suponer un caso claro de incompatibilidad con su actual permanencia en el Consejo de Administración de la TVG.

En el apartado de advertencias, las más importantes son una nueva regulación para los gobiernos en funciones, limitando la adopción de decisiones que puedan condicionar la acción del nuevo ejecutivo; la presencia de miembros externos a la Xunta en la aprobación y ejecución de los concursos arquitectónicos y de las grandes obras e infraestructuras públicas; una planificación que lleve a un cumplimiento riguroso de los procedimientos establecidos en la legislación vigente; y la puesta en marcha de una nueva regulación de control económico-financiero de las fundaciones y otros entes instrumentales vinculados a la administración autonómica.

Las que restan, se centran en el macrocomplejo, fundamentalmente: se recomienda su uso como plataforma para la normalización, innovación y difusión de la cultura gallega; se aconseja mayor nivel de autofinanciación; y se sugiere un mandato decidido para garantizar, lo máximo posible, la capacidad de atracción de visitantes, influenciando los flujos turísticos ya existentes para incorporar otros segmentos sociales y orígenes territoriales.

Los relatores, que se ensañan con la "falta de transparencia, el nepotismo y clientelismo" de los gobernantes anteriores, consideraron en este trabajo que la decisión de construir este emporio se adoptó sin que existiese una verdadera justificación de su necesidad, ya que simplemente "fue un sueño de Fraga (político que el dictamen casi ni cita)". En este sentido, se mencionó un informe elaborado por una consultora en 2001, que hablaba de "objetivos no realistas y herramientas inadecuadas de contratación".

Salió igualmente el estudio del Consello de Contas, que consideró que en los contratos que se firmaron con las constructoras hay "una grave vulneración del principio de concurrencia y de los criterios de objetividad y economicidad". El dictamen inicial entiende esta iniciativa como "indefinida en todos los aspectos" y lamenta las desviaciones presupuestarias consecuencia de la falta de control económico, ya que provocan numerosas contrataciones carentes de objeto, precios y plazos (la mención más dura es para obras adjudicadas cuando la anterior Xunta estaba en funciones, del 19 de junio al 18 de julio de 2005).

Las cosas varían al hablar de la gestión de la actual Xunta, de la que se dice que define el proyecto, respeta todos los criterios legales necesarios para la adjudicación de contratos y obras, hay un plan director que se está desarrollando para garantizar el control de los principales activos, facilitar una gestión ágil y asegurar el presupuesto; están en curso solicitudes de ayudas a la UE y a los Ministerios de Industria y Cultura, y se está elaborando un plan de accesibilidad.