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Mientras que el PSOE en la Xunta se afana en defender la Ciudad de la Cultura como un "proyecto de Estado", al ministro de Cultura, César Antonio Molina, le ha faltado tiempo para cargarse de golpe y plumazo los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo de Emilio Pérez Touriño sobre una supuesta financiación del Gobierno central a la iniciativa.

Así el representante estatal convirtió la obra "española" en "gallega" y aseguró que su departamento sólo destinará partidas presupuestarias para el Centro de Enlace de Europa y Latinoamérica, en un "sonoro sopapo cultural" -según el PP- a los presidentes Rodríguez Zapatero y Pérez Touriño.

A través de un comunicado, el portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruíz Rivas, llamó la atención sobre el hecho de que alguien, "bajo las siglas del PSOE", intenta engañar a los gallegos. Así, recordó que el compromiso de los presidentes de ambas Administraciones, tras su reunión el pasado 6 de febrero, nada tiene que ver con lo que hoy afirma el ministro.

Es más, en base a lo expuesto, insiste en reclamar la participación económica del Gobierno central en la financiación de la CdC y cifra ese cofinanciamiento en no menos del 30 por ciento del presupuesto necesario. Por su parte, la conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, insistió que la posición del Ejecutivo central quedó clara en su momento y sobran mayores explicaciones.

Así, la titular del departamento autonómico consideró que no puede demandarle directamente al ministro esta cuestión, "ya que desde que tomó posesión de su cargo no hubo ninguna interlocución bilateral", aunque si solicitada a la espera de confirmación. En sus declaraciones, la conselleira afirmó, al respecto de la gestión actual del bipartito para hacer viable el proyecto, que se está realizando "todo un trabajo en el modelo de gestión con funcionalidades de mayor capacidad de autofinanciación". En este sentido, habló de financiación privada y de patrocinios.

Preguntada por el borrador del dictamen de la Comisión de Investigación sobre la Ciudad de la Cultura, elaborado por las fuerzas que integran el bipartito gallego, y que se propone ser trasladado a la Fiscalía, evitó profundizar sobre el mismo y se limitó a respetar las decisiones. Concluyó que BNG y PSOE "serán conscientes si consideran que sus conclusiones tienen que ser revisadas". "Será la Fiscalía la que decida si toma actuación sobre ellas o no", sentenció.