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"No va en contra de nadie", afirmó el número dos del Gobierno autonómico, Anxo Quintana, con respecto al decreto para el aprovechamiento de energía eólica en Galicia. El líder de los nacionalistas gallegos presentaba junto al conselleiro de Innovación, Fernando Blanco, la orden que da luz verde al inicio de los trámites para la instalación de 2.325 megavatios de energía eólica en Galicia, y que será publicada en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En este sentido, ambos defendieron el hecho de que la Comunidad Autónoma se convierta en la primera potencia "en este tipo de energía en España", ya que prevé alcanzar el objetivo de los 6.500 megavatios en 2012.

Entre los criterios que se aplicarán en el concurso público para la adjudicación de los megavatios, destaca la cesión de un porcentaje de participación pública, posibilidad calificada de intervencionista por la Asociación Eólica de Galicia (EGA) y defendida por el Gobierno de la Xunta, para que "todos los gallegos se beneficien de la explotación de los recursos".

El desacuerdo del sector empresarial provocó la presentación, por parte de dos compañías, de sendos recursos administrativos en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el texto elaborado por la por la Consellería de Industria. Al respecto, el máximo representante del Bloque indicó que este modelo energético, que llevará a que en 2012 el 95 por ciento de la energía que se consuma en Galicia provenga de fuentes renovables, "supone una ruptura con el pasado y que los gallegos miremos por lo nuestro, ya que la Comunidad se beneficiará ahora de su condición de productora de energía".

La aplicación de la Orden supondrá inversiones directas e inducidas de 5.500 millones de euros, el 75 por ciento de los cuales repercutirán en el territorio gallego, y la creación de 3.000 puestos de trabajo. En este sentido, Blanco indicó que el decreto pretende hacer de la energía eólica un factor de "dinamización de la economía y la industria gallegas" y señaló que el nuevo modelo se basa en la gestión profesional y evalúa la viabilidad tecnológica y económica del proyecto, el impacto ambiental, el nivel tecnológico y las propuestas de interconexión, especialmente la evacuación conjunta.