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El portavoz parlamentario del PP de Galicia, Manuel Ruiz Rivas, defenderá en el próximo pleno de O Hórreo una proposición no de ley que emplaza a la Xunta a suspender la capacidad de contratación de obra pública a la responsable de Política Territorial, la socialista María José Caride Estévez, y de los altos cargos imputados en la querella de la Autovía del Barbanza hasta que no se pronuncien las instancias judiciales. El principal grupo de la oposición entiende que lo correcto sería que estas competencias fuesen delegadas por el presidente, Emilio Pérez Touriño, en otro conselleiro de su gobierno. De hecho, los populares formularon esta proposición no de ley por considerar que esta representante autonómica debe abstenerse de tomar cualquier decisión económica, y menos "mientras continúe teniendo bajo su responsabilidad a imputados por la comisión de presuntos delitos de prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas, y negociaciones prohibidas a los funcionarios que es necesario investigar", sostuvieron.

La querella fue presentada por el PP, tras una larga polémica, en los juzgados de Santiago, por entender que se cometió un delito de prevaricación en la adjudicación de las obras de desdoblamiento de la Vía del Barbanza y ante las continuas negativas de Política Territorial a facilitar la documentación relacionada con esta acción presuntamente irregular.

Según el PP, la actual Xunta revocó una decisión tomada por la mesa de contratación del equipo de Manuel Fraga, que había seleccionado como adjudicataria a la UTE de empresas liderada por San José, y reasignó los trabajos a otra distinta, a Sacyr, con un sobreprecio estimado (al menos, pesa la sospecha), de 30 millones de euros.

La segunda de las razones que llevó a la presentación de esta querella admitida a trámite, fue la decisión de PSOE y BNG de negar la creación de una comisión de investigación que permitiese aclarar las irregularidades en el seno del Parlamento. Los cuatro imputados son los integrantes de la mesa de contratación que en su día resolvieron la obra: el director general de Obras Públicas de la Consellería de Política Territorial, Manuel Morato Miguel; el director general de Política Financiera de la Consellería de Economía y Hacienda, Eugenio García Lalinde; el subdirector general de Carreteras, Antonio López Blanco; y la ex jefa del Servicio de Gestión de Vías de Alta Capacidad y actualmente al frente del Servicio Provincial de Carreteras de la provincia de La Coruña, Teresa Palacios Alonso.

El portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Manuel Ruiz Rivas, que ahora anuncia esta medida, celebró en su momento que la justicia decidiese investigar este caso, que, en su opinión, "cuestiona y mucho el talante democrático de los grupos que sustentan el bipartito, ya que tanto unos como otros, socialistas y nacionalistas, rechazaron hasta en dos ocasiones la creación de una comisión de investigación que diese claridad a este tema; pues ahora le corresponde a la justicia investigar algo a lo que el gobierno se negó por obstruccionista". Bajo su criterio, este asunto debería haberse investigado en la Cámara gallega.

La Consellería de Política Territorial había situado en su día dentro de la normalidad la admisión a trámite de la querella, y expresado su confianza de que la justicia será la que certifique la "prudencia y pulcritud" del proceso de contratación. No obstante, desde este departamento de San Caetano se acusó directamente a los populares de "actuar sólo por fines totalmente partidistas".