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El vicepresidente de la Xunta dio una pequeña marcha atrás en su decisión de rescindir los convenios firmados con ocho concellos del PP para incluir sus guarderías infantiles en la red autonómica de Galescolas dependientes de su departamento, aunque con una condición. Anxo Quintana se mostró favorable a dar validez a los acuerdos rubricados con los concellos pero si previamente los regidores admiten que éstos se fraguaron de forma voluntaria, y nunca bajo coacción.

La polémica se inició la pasada semana, cuando cinco días después de hacerse pública la entrada de catorce ayuntamientos gobernados en la Red de Galescolas del Consorcio de Servicios Sociais de Vicepresidencia, ocho concellos gobernados por el PP denunciaban su incorporación previas presiones propias de la "mafia", lo que motivó la disolución unilateral de los contratos por parte de Quintana.

Tras entrevistarse en Madrid con la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, el vicepresidente nacionalista puntualizó que "no hubo ningún ayuntamiento expulsado del consorcio", sino que optó por rescindir los convenios de colaboración, ante su "sorpresa", al decir los alcaldes del PP que los habían firmado de manera "coaccionada, por la fuerza".

El vicepresidente ha insistido en que los convenios de colaboración son "voluntarios" y, si alguien dice que lo firmó coaccionado, "el convenio es nulo de pleno derecho". Quintana ha hecho hincapié en que no rescindió los convenios por las críticas recibidas, ya que las críticas son "consustanciales con el sistema democrático, son siempre legítimas", aunque ha puntualizado que "se pueden hacer sin insultar".

Además, Vicepresidencia informó en los últimos días de que hasta tres de los concellos del PP denunciantes de las coacciones habían remitido cartas de disculpas a Quintana, pidiendo además la no anulación de los convenios.

No obstante, el portavoz popular en el Parlamento, Manuel Ruiz Rivas, rechazó hoy que estos tres regidores se desmarcaran de las críticas a Quintana, y acusó a este departamento de "manipular" las cartas de los ediles populares. Ruiz Rivas interpretó que las misivas de los alcaldes de Antas de Ulla, Vilamartín de Valdeorras y O Rosal "se limitan" a pedir al vicepresidente gallego que se retome la colaboración institucional y que "no se sienta ofendido por lo que pudo ser un exceso verbal", en referencia a las críticas a Quintana, al que acusaron de "chantajear" a los municipios para sumarse al Consorcio y de actuar como la "mafia siciliana".

"El descontento sigue existiendo mientras la política de imposición sea la única forma de que los ayuntamientos presten determinados servicios a los ciudadanos", manifestó, y añadió que los regidores "tienen el mismo problema" que cuando hicieron aquellas declaraciones puesto que "no tienen dinero" para prestar determinados servicios a los vecinos.

Javier Varela, alcalde de Antas de Ulla, ratificó de nuevo su posición inicial y argumentó que los municipios pequeños se ven "forzados económicamente" a integrarse en el Consorcio, ya que su la escasez de sus recursos les impide costear escuelas infantiles o residencias para mayores.

Varela explicó el envío de la misiva para que así la Vicepresidencia "no pueda mantener la argumentación del insulto para justificar una decisión unilateral". Con todo, incidió en que la reunión en la que se rubricó el protocolo no tuvieron "derecho a réplica" y advirtió de que todo convenio "está sujeto a unas garantías jurídicas". En cualquier caso, señaló que su decisión de aceptar el traspaso de la gestión de la escuela infantil municipal se debe a la imposibilidad del ayuntamiento en mantenerla.