Noticias Ya.com

Las imágenes saltaron a las portadas de todos los periódicos e informativos. Doscientos trabajadores y pescadores cortaron el tráfico en numerosos puntos de la geografía compostelana y trataron de entrar por la fuerza en la Casona de O Hórreo, justo cuando se debatía una medida del PP con 19 medidas para el sector pesquero. Los manifestantes corearon consignas contra Touriño y Zapatero, tocaron sus bocinas, balancearon sus pancartas, y bregaron con las fuerzas de seguridad públicas.

El momento de mayor tensión se vivió cuando lanzaron botes de humo y bengalas en los aledaños del Parlamento, y una de ellas incendió un árbol. Veinticuatro horas más tarde de esta escena, el presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, acusó directamente a los populares gallegos de alentar los incidentes sucedidos "dentro y fuera de la Cámara". Tras la reunión semanal de su gabinete, el político socialista indicó que la huelga en la pesca y en el transporte es un "paro patronal" y que los encargados del orden público "están para lo que están, garantizar la seguridad de los ciudadanos".

En su discurso, apostó por el diálogo con los huelguistas, "y no por alentar lo contrario -volvió a repetir ensañándose con el PP-, como anteayer se hizo en el Parlamento de Galicia". La protesta se calentó cuando socialistas y nacionalistas rechazaron una moción del grupo que lidera Alberto Núñez Feijóo, y que pedía más subvenciones para el sector, y la revisión del número de tripulantes mínimo por barco.

El mandatario autonómico todavía repartió más reproches, desde San Caetano. Después de los sucesivos torpedeos de los trabajadores de la explotación minera de cuarzo de Serrabal, situada entre las localidades coruñesas de Vedra y Boqueixón, a la entrada de los técnicos del Adif para realizar los trabajos en los terrenos por los que discurrirá el AVE entre Santiago y Orense, el jefe del Ejecutivo autónomo dijo que el empresario Villar Mir, dueño de la mina, "tiene alta responsabilidad".

Emilio Pérez Touriño lamentó que el AVE se vea sometido a "dilación y retraso" por culpa de estas movilizaciones, máxime "cuando se cumplen todos los procedimientos legales para llevar a cabo las obras", manifestó.

Se sumó, con estas argumentaciones, a las denuncias realizadas por el Gobierno central respecto al empresario, del que creen que ha venido auspiciando las protestas de los empleados contra el actual trazado. Las diferencias de criterio entre técnicos de la empresa y la administración por la superficie del trazado del AVE que afecta a la mina de cuarzo de Serrabal han sido constantes, al igual que el pulso mantenido por Villar Mir y Fomento, en función del lucro cesante reclamado por el empresario por la pérdida de material de la explotación.

En estos momentos, la mina está pendiente de la aprobación de la renovación de una concesión por parte de la Xunta de Galicia de ampliación de la explotación del yacimiento por un período de 30 años. El empresario manifestó en alguna ocasión que si no ve rentable la continuidad de la mina, su posición sería la de trasladar sus proyectos fuera de Galicia, con lo que se pondría en peligro la continuidad de 500 empleos, entre Serrabal y las fábricas de Ferroatlántica.