Noticias Ya.com

La nueva normativa que sustituirá a la actual Ley del Suelo se sometió a debate en el Parlamento gallego, tres años después del cambio de gobierno, y un año desde que la Xunta anunciase su intención: tarde. A pesar de que nacionalistas y socialistas coincidieron en su apoyo, cuyos votos a favor sirvieron para dar luz verde a la norma, lo cierto es que las tensiones internas derivadas de las discrepancias sobre las normas del Hábitat no dejaron de estar presentes. Si bien, el resultado era el esperado en base al trueque entre Consellerías, Política Territorial elude que la recién aprobada norma invade sus competencias, mientras Vivienda da su brazo a torcer con la Ley del Litoral: arrastras.

Nuevamente, el PP fue el único partido en oponerse al diseño propuesto para sustituir a la ya obsoleta Ley de Suelo actual. Consideran que el proyecto no sólo llega con retraso, sino que es "ineficaz", en tanto en cuanto no va a resolver ninguno de los problemas que tiene planteados Galicia en los ámbitos que pretende regular.

Pilar Rojo, portavoz de Urbanismo de la oposición, respaldó la argumentación esgrimida por la Fegamp en la que la sucesión de reformas puntuales de la legislación sectorial en la materia implica un "serio riesgo de provocar una alteración radical de la propia ley que se modifica". Así, atribuyó tal dispersión a la incapacidad de los socios del bipartito para abordar una auténtica refundición de la normativa.

"Siguen sin querer entender lo que significa la palabra consenso, o la palabra cooperación; y las están sustituyendo por otras cómo prohibición, imposición y, sobre todo intervención", manifestó la diputada popular en relación con la actitud del bipartito respeto a los ayuntamientos.

De este modo, los municipios están perdiendo cada vez más competencia planificadora en materia de vivienda, mientras que la Xunta opta por medidas intervencionistas que atentan directamente contra el acuerdo en el Pacto Local.

El PP apuntó que los informes emitidos por el Consejo Económico y Social y por la Asesoría Jurídica General de la Xunta alertaban de la necesidad de determinar el alcance concreto de las facultades que la Administración pretende asumir en detrimento de los ayuntamientos a través de la Ley de medidas urgentes de Vivienda y Suelo.

Por su parte, la conselleira de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, María José Caride, destacó en el Parlamento que la futura Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y suelo significa dotar a Galicia "de un mejor instrumento para dar cumplimiento al derecho constitucional de tener acceso a una vivienda digna, en un contexto de calidad y logrando una mayor cohesión social". De hecho, aseguró que, con la nueva normativa se duplicará el actual número de viviendas de protección.

Durante su intervención en el debate de totalidad del proyecto, la representante autonómica destacó el esfuerzo conjunto entre las Consellerías de Política Territorial y de Vivienda para acometer una reforma legislativa necesaria con el fin de dotar a los gobiernos autonómico y municipales de instrumentos que garanticen la efectiva ejecución de viviendas, facilitar el acceso, garantizar la cohesión social dentro y crear contornos urbanos de calidad.