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El próximo 7 de enero expira el plazo para la concesión de la mina de Serrabal, sita a escasos kilómetros de Santiago, y los sindicatos y comités de empresa de Ferroatlántica, que explota el complejo, temen que en la nueva concesión se dejen fuera los terrenos afectados por el trazado del Ministerio de Fomento y el ente ADIF para el AVE gallego.

Esto dejaría el camino abierto, opinan, para que se llevasen a cabo los planes del Gobierno y frente a los cuales los políticos de la Xunta «no hacen nada». Por eso, recomiendan a estos últimos que adquieran «analgésicos» para encarar una campaña de protestas en paralelo a la electoral «muy movida», y «no al estilo americano, con globitos, sino al estilo gallego».

Así lo advirtió ayer el secretario general de la CIG, Suso Seixo, entre otros, quienes instaron al hemiciclo gallego a que retome el debate sobre Serrabal y deje de «escudarse» en los planes del Estado. Recordaron que el proyecto bosquejado para el AVE afectaría a 1.500 empleos en la Comunidad, enterrando «seis millones de toneladas» de cuarzo para producir silicio fotovoltaico.

Fernando Blanco, de UGT, evidenció que los operarios de la explotación minera están prestos a evitar «por todos los medios» el inicio de las obras ferroviarias.