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Al final, han pasaportado, y las conclusiones quedan de nuevo en un cajón. El tricornio parlamentario ha mantenido sus posturas iniciales en el caso de la agente electoral, y en este escenario los socios del bipartito han votado en contra (era lo previsible) de todas las recomendaciones formuladas por el PP en el dictamen de la comisión de investigación abierta por este suceso. Los nacionalistas, aún observando anomalías y pidiendo que se actúe en consecuencia, dieron carpetazo al episodio.

Ignorando esta exigencia, PSOE y BNG respaldaron al unísono, sin el apoyo de los de Alberto Núñez Feijóo, un informe que no exige responsabilidad política alguna a ningún miembro de la coalición que gobierna la Xunta. El veredicto aprobado tampoco da por sentado que María Isabel Blanco actuase como agente electoral del PSOE, aunque sí destaca la coincidencia de su viaje a Argentina con la precampaña y campaña de las pasadas elecciones autonómicas.

El documento admite que la citada no acudió a Buenos Aires a visitar a su hermana, como adujo la Xunta, dado que se encontraba en Galicia; y acredita que fue contratada mediante una ayuda por la Unión de Viticultores do Castro para realizar trabajos de asesoramiento en la Ribeira Sacra y que después realizó su trabajo en la sede de Unións Agrarias en Vimianzo, a las órdenes de Félix Porto, en lo que se presenta como una modificación sustancial de los criterios de adjudicación de la subvención.

En sus conclusiones, el fallo establece únicamente la necesidad de incrementar el rigor en la vigilancia del empleo que de las ayudas y subvenciones hicieran las personas o entidades beneficiarias a fin de evitar modificaciones que afecten al logro de los objetivos de interés general que justifican esta concesión. Y habilita a la Consellería de Traballo, que fue la que dio la ayuda, a iniciar un expediente informativo todavía no finalizado.

La sugerencia es que el departamento del socialista Ricardo Varela obligue a todas las entidades beneficiarias de subvenciones de este tipo a comunicar aquellas modificaciones sustantivas. La comisión cree que el procedimiento seguido para la concesión del billete de avión a Isabel Blanco no es el más adecuado, aunque recuerda que es heredado de gobiernos anteriores.

Por esta razón, aconseja a la Xunta fijar una normativa que sirva para otorgar de una forma objetiva los viajes de carácter humanitario, por razones de enfermedad, reagrupamiento familiar u otros, primando los que tienen mayor urgencia o necesidad social. Dice además el documento que se deben limitar los viajes institucionales al extranjero, a partir de la convocatoria de elecciones autonómicas. Y admite que Isabel Blanco viajó a Argentina en período electoral, y durante su relación contractual con Unión de Viticultores do Castro.

Asimismo, que durante su estancia en aquel país coincidió con Félix Porto, entonces candidato a la alcaldía de Muxía, en diferentes actos electorales. La oposición solicitaba, en su propuesta alternativa, el cese o dimisión del conselleiro de Traballo, Ricardo Varela; y, entre otros implicados, apuntaba también al titular de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, por aportar informaciones falsas en la investigación interna abierta en la Xunta por el caso, y también cerrada sin asunción de culpas; y al secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez. En ambos casos, se exigió su reprobación pública.

Pese a que PSOE y BNG votaron lo mismo, hubo discrepancias en la interpretación. El socialista Xaquín Fernández Leiceaga resaltó en todo momento que la investigación parlamentaria se hizo sobre "un caso concreto y determinado, y la oposición no fue capaz de aportar ningún otro". En cambio, el nacionalista Carlos Aymerich Cano comentó que este caso "dista de ser una anécdota", y habló de "claras irregularidades" también en la concesión de la subvención por la que se contrató a Isabel Blanco, por lo que defendió el "reintegro total o parcial de la ayuda, y la apertura de un expediente sancionador si es el caso". "Porque claro que hubo irregularidades y que el gobierno debe actuar en consecuencia", dijo.

La comisión de investigación insiste finalmente en la necesidad de acometer de forma urgente una reforma de la legislación electoral que homologue los procedimientos de votación en el exterior con los establecidos para el territorio gallego. Por ello, insta a la Xunta a reformar la legislación electoral gallega antes de las próximas elecciones autonómicas, con el fin de garantizar el escrutinio de los votos emitidos por los residentes en el exterior no más tarde del tercer día siguiente al de las elecciones.