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El Consello de la Xunta dio luz verde a la normativa por la cual se establece el carácter estratégico del sector turístico como "una marca global y de calidad". Así, el proyecto de Ley impulsa su profesionalización al tiempo que establece un catálogo de derechos y obligaciones de los usuarios. El texto, en su apuesta por la promoción sostenible, pretende integrar la visión territorial, ambiental, cultural y la estrictamente empresarial.

De este modo, se adecua la norma al contexto internacional en el que la Comisión Europea reconoce su aportación a la creación de empleo y crecimiento económico. Asimismo, pone de relevancia su papel en la preservación del patrimonio natural y cultural.

Con respecto a sus novedades, el texto impulsa la profesionalización y autoregulación del sector, en base a la promoción de Galicia como marca de calidad, respetando y garantizando los valores propios de una Comunidad con identidad propia.

Por primera vez entra en juego la figura del Consejo Regulador de Turismo, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa, tanto en su ordenación y fomento, como en el control de calidad y servicios ofertados. Se creará una red gallega de oficinas de turismo, y se establece una referencia específica a las comunidades gallegas del exterior con las que se podrán llegar a acuerdos en la materia. Según recoge el documento, se necesita actualizar la clasificación de los establecimientos turísticos y adecuarlos a las demandas del mercado, potenciar el espacio rural y flexibilizar las categorías de empresas turísticas.

Igualmente, según señaló el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, la norma, que pretende desestacionalizar y diversificar la oferta, promueve una política de recursos humanos que apueste decididamente por la formación de los trabajadores y por la extensión de las nuevas tecnologías y de los idiomas. La nueva ley se estructura en un preámbulo, diez títulos -que comprenden 85 artículos y dos disposiciones adicionales-, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales haciendo hincapié en la adaptación de la legislación a la realidad social imperante.