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En total 8,7 millones de metros cuadrados de suelo para 47.000 viviendas protegidas que serán construidas hasta 2017, de las que 30.500 estarán edificadas en cinco años. Así lo recoge el "Plan Sectorial de Suelo Residencial", presentado en Santiago por la conselleira de Vivienda, Teresa Táboas, y el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana. Un documento de planificación urbanística pionero en el Estado, con el que el ala nacionalista del Gobierno gallego responde a una de las principales demandas de la población gallega, y cumple uno de sus compromisos clave.

Su carácter innovador le hace único entre los proyectos presentados hasta el momento en el conjunto de autonomías. Tal y como comentó Quintana, "se trata de utilizar mecanismos reales para el abastecimiento de la vivienda, y para ello sólo conocemos un remedio: la intervención pública". Así, el número dos de la Administración autonómica apuntó a la carencia de suelo el motivo de la falta de vivienda de protección; "y en ellas estamos". A su juicio es evidente que no pueden esperar a la resolución de los planes urbanísticos para la liberación de suelo edificable, por tanto el Plan Sectorial prevé una actuación supramunicipal, tal y como ha ocurrido en casos de falta de suelo industrial, para reservar un 20 por ciento de suelo a la construcción de este tipo de inmuebles.

A través de esta iniciativa, pionera en el Estado, se permite calificar suelo residencial con independencia de los planeamientos urbanísticos que afectan a cada zona. "Es algo más que un dibujo en el mapa de Galicia, para determinar las necesidades de cada zona se ha hecho un estudio demográfico intenso, cuya solidez y eficacia aporta seriedad al proyecto", afirmó el vicepresidente.

Tanto Táboas como Quintana llamaron la atención sobre el hecho de que la actuación no nace como medida aislada, sino que forma parte y complementa al conjunto de iniciativas puestas en marcha desde la cartera autonómica de Vivienda, tales como el Plan de Medidas Urgentes de Vivienda y Suelo, las Normas del Hábitat o "un esfuerzo importante en materia de alquiler".

Para justificar la actuación presentada, el líder de los nacionalistas gallegos comparó la sensible coyuntura económica actual con un momento de sequía: "conozco un pueblo que, en el pasado, en época de sequía salía de procesión para pedir agua y sólo uno de sus vecinos se atrevió a gritar; haced pozos!" . "Nosotros hacemos pozos", reivindicó. Finalmente, Quintana hizo hincapié en el importante volumen de negocio que generará la aplicación del Plan, cuya tramitación administrativa está prevista para el mes de septiembre, y su aprobación para el primer trimestre de 2009. Así, habló de cifras millonarias. Hasta 5.200 millones de euros para las empresas de la construcción y 300.000 empleos directos e indirectos. "Un mecanismo de dinamización económica que va más allá de propia construcción de la vivienda", sentenció.

Por su parte, la conselleira de Vivienda hizo un repaso exhaustivo del estudio previo a la elaboración del Plan que dictaminó las cifras claves sobre sus previsiones. De este se desprende que el boom del ladrillo originado por la compra de la segunda vivienda, impulsó el precio de los inmuebles repercutiendo directamente en el coste de la primera casa, al tiempo en el que dificultó su acceso. Relevante también es el hecho de que las planificaciones municipales no fueron quien de contrarrestar el incremento especulativo, por lo que sólo 22 de los 315 ayuntamientos tienen adaptado su plan a la ley de suelo de 2002 que reserva un 20 por ciento a vivienda protegida.

Así, el Plan Sectorial tiene como objetivo principal obtener suelo residencial para planificar la construcción de este tipo de inmuebles y atender a la inmediata demanda actual, con independencia de la situación en la que se encuentren los planes urbanísticas de los municipios en los que se localiza la demanda.

Como resultado de este análisis, establece una necesidad de 47.000 viviendas protegidas, 258.109 para el período de 2008-2017, el 88 por ciento con algún tipo de protección dado el nivel de renta de los futuros demandantes.

Atendiendo a la demanda, Vigo y La Coruña son dos de las áreas funcionales que más necesidad concentran, 59.000 y 70.000 respectivamente, a una media de 100-120 por cada 1.000 habitantes. En segundo lugar, con ratios menores, figuran Orense con 25.000, Santiago con 23.000, Pontevedra con 18.000, y Lugo y Ferrol, con 12.000 y 10.500. De 20 a 55 inmuebles por cada 1.000 habitantes.La otra cara de la moneda la representan Ribeira, Sanxenxo, Vilagarcía o Burela, cuya demanda es mucho menor.

En cuanto a los criterios territoriales que dirigen su intervención, la titular autonómica de Vivienda desgranó los ocho fundamentales; el precio del suelo, que por ser elevado imposibilite la construcción de vivienda protegida; cuando el planeamiento urbanístico resulte insuficiente para la provisión de suelo; cuando la dimensión de las necesidades justifiquen actuaciones sistemáticas; existencia de suelos disponibles; procesos de renovación urbana; accesibilidad y movilidades; integración de la trama urbana; y conexiones con los sistemas locales.