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El presidente de los populares gallegos exigió al titular de la Xunta la adopción de medidas cautelares ante la imputación de cuatro altos cargos de la Consellería de Política Territorial por la presunta prevaricación en la adjudicación de la autovía del Barbanza, hecha pública el pasado lunes. Alberto Núñez Feijóo reclamó a Emilio Pérez Touriño la suspensión cautelar de la capacidad de contratación de la conselleira María José Caride y su departamento "hasta que haya una sentencia firme", y delegue estas competencias "en otro miembro del gobierno".

Para el líder popular, esta sería una decisión "razonable" siguiendo unos mínimos "criterios de prudencia" como respuesta al "demoledor" auto del juez que lleva el caso, en el que se imputan al director general de Obras Públicas de Política Territorial, Manuel Morato; al director general de Política Financiera y Tesoro de Economía, Eugenio García Lalinde; al subdirector general de Carreteras, Antonio López Blanco; y a la jefa del servicio provincial de carreteras de la provincia de La Coruña, Teresa Palacios Alonso.

"La Consellería no tiene la confianza de la justicia ni del grupo mayoritario para contratar ni un sólo euro de obra pública", afirmó tajante el dirigente popular, y ya que la "soberbia" de Pérez Touriño evitó la depuración de responsabilidades, "al menos que suspenda las capacidades" de Caride, insistió.

Núñez Feijóo no ocultó su satisfacción por la decisión judicial, si bien lamentó que hayan tenido que ser los tribunales y no en primera instancia el Parlamento quien investigara el sobrecoste de 30 millones de euros en la autovía barbanzana. "Si los poderes Ejecutivo y Legislativo se negaron a investigar, sólo nos quedó el Judicial", señaló, al tiempo que aseguró que su formación estará "de acuerdo con cualquier sentencia que se dictamine".

"Después de este auto nos encontramos tranquilos", aseveró Feijóo, "porque hemos hecho lo que teníamos que hacer" ante un hecho "de esta extraordinaria trascendencia". Lo cierto es que esta buena noticia ha sorprendido incluso a los propios populares gallegos, que esperaban la admisión a trámite para más adelante, coincidiendo con el desarrollo de la propia campaña electoral.

Así, a falta de poco menos de 48 horas para la pegada de carteles, el PSOE tiene dos escándalos de notable gravedad sobre la mesa, sobre los cuales todavía no se ha pronunciado todavía el presidente de la Xunta, un Emilio Pérez Touriño que hoy será protagonista en la sesión de control al gobierno en el Hemiciclo. Se espera que Núñez Feijóo no desaproveche la oportunidad para lanzar su artillería, toda vez que este era el único pleno parlamentario hasta después del 9-M.

La conselleira de Política Territorial se cuidó de censurar la acción de la justicia, y por tanto decidió emprenderla con la oposición, a la que acusó de haber presentado la denuncia por la autovía del Barbanza por intereses "totalmente electoralistas", con "una clara intencionalidad política por parte de un partido que no tiene ninguna idea ni proyecto para Galicia".

La responsable de Obras Públicas reiteró que la obra fue adjudicada " a la mejor oferta técnica y económica, y a los gallegos y gallegas no nos va a costar más tal y como asegura el PP a través de manipulaciones". Según María José Caride, "las obras importantes no solo deben responder a criterios económicos, sino a aquellos que combinen mejor los criterios de calidad y equilibro financiero, pero parece que el PP le quiere poner precio a la vida de la gente, aunque no me sorprende porque ya nos tiene acostumados a actuaciones electoralistas de este tipo".

La conselleira socialista señaló también que "nosotros somos los más interesados en que se resuelva esta situación que está perjudicando gravemente a la honorabilidad y profesionalidad de los técnicos de la Consellería". "Espero que el PP, cuando se demuestre la absoluta legalidad del proceso, pida disculpas a estos técnicos", apostilló Caride durante una visita oficial al puerto coruñés de Muros.