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El Parlamento Europeo se ha propuesto poner fin a las aventuras de piratas que vienen escenificándose en aguas internacionales y que están convirtiendo las travesías de los barcos europeos en una incertidumbre para sus tripulantes, conocedores de la fecha de salida pero no de la de vuelta. Casos recientes como el secuestro del atunero español "Playa Bakio" o el del yate de lujo francés "Ponant" han mantenido en vilo a las autoridades españoles, francesas y europeas durante el último mes y han puesto de manifiesto la debilidad de los mecanismos actuales a nivel comunitario para intervenir en casos de secuestro en alta mar.

Para responder a los cada vez más y más frecuentes casos de piratería la Eurocámara aprobó un informe con 587 votos a favor, 20 en contra y 58 abstenciones, en el que se exige la creación de un mecanismo de asistencia mutua entre socios europeos que facilite la gestión de casos piratería, que en casos como el de "Playa Bakio" mantuvieron secuestrados a 26 tripulantes, 13 de ellos españoles, durante casi una semana.

Lo que pretende el PE con la puesta en marcha de este mecanismo es que los buques de guerra de cualquier país comunitario desplegado en aguas internacionales pueda acudir en ayuda de embarcaciones pesqueras o mercantes, sean o no de su misma nacionalidad. Así, en casos como el del atunero español la intervención para el rescate en aguas internacionales podría correr a cargo un buque militar de cualquier país de la UE y no necesariamente de España, que el pasado 23 de abril, tres días después del secuestro del atunero gallego envió a la fragata Méndez Núñez y un avión de patrulla marítima para su liberación.

El informe toma nota del aumento de los ataques piratas y de acciones criminales contra buques pesqueros, mercantes y de pasaje comunitarios en aguas internacionales próximas a las costas africanas (en Somalia en los dos casos citados) y del "grave peligro que ello supone par ala vida de las tripulaciones" además de la repercusión negativa que ello tiene sobre el comercio internacional.

Así, además de animar a la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, y a los Estados miembros, a poner en marcha este mecanismo de asistencia mutua, la Eurocámara exigió "ampliar el derecho de persecución por mar y aire a las aguas territoriales de los países costeros, siempre y cuando estén de acuerdo los países afectados", que deben dar su visto bueno previo.

El informe, elaborado por el eurodiputado socialista alemán Willi Piecyk, es en realidad un texto con el que la Eurocámara pretende reforzar las medidas propuestas por la Comisión Europea en la elaboración de una política marítima común y recuerda que esta política deberá adaptarse a la situación de regiones como Galicia, Cataluña, Analucía, la Comunidad Valenciana y el resto de las regiones costeras de España y de la UE, así como de las islas y las regiones ultraperiféricas, ya que "que desempeñan un papel muy importante en la seguridad frente a actos delictivos tales como la inmigración ilegal, el terrorismo y el contrabando".

El PE defendió además los derechos de los pescadores de las regiones ultraperiféricas de la UE, como Canarias, Azores, Guadalupe, Guyana, Madeira, Martinica y la isla de la Reunión, y exigió al Ejecutivo comunitario que garantice a sus flotas un mayor acceso a los recursos pesqueros de estas regiones.

Se trata de una "discriminación positiva" que la Eurocámara considera que debe hacerse para compensar las "dificultades que encaran estas regiones" como la renovación de las ayudas estatales o su situación de "dependencia absoluta" en cuanto a los transportes. En un informe aprobado por 592 votos a favor y 70 en contra, el hemiciclo europeo solicitó también a la CE que tenga en cuenta la "necesidad de dar un trato diferenciado" a Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas también en materia de inmigración de cara a la elaboración de una política común, puesto que estas regiones "están sometidas a una presión migratoria muy fuerte que provoca tensiones económicas y sociales preocupantes".