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El sindicato mayoritario entre el personal laboral de la Consellería de Medio Ambiente, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), está estudiando con sus abogados la posibilidad de personarse como acusación particular contra la Consellería socialista de la Xunta en la causa que se instruye en los Jugados de Corcubión (La Coruña) por el desastre ecológico detectado el pasado día 9 en el embalse de A Fervenza, en el término municipal de Dumbría. El sindicato alega que el departamento que encabeza Manuel Vázquez se ha eximido de asumir sus responsabilidades por la muerte de miles de truchas y escalos en el río Xallas por el vaciado al completo de la presa, y se limita a culpar a la empresa Ferroatlántica, que explota el pantano.

Por ese motivo, la CUT busca que se establezcan claramente las responsabilidades penales que existen en este caso, y en las que pudieran incurrir altos cargos de la Administración autonómica. No en vano, fuentes de la Central expresaron que "ante las declaraciones hechas desde la Consellería, con argumentos que adolecen de contenido, se trata de marear la perdiz y desviar la atención a sucesos secundarios". La CUT pide que se deriven, por medio de las dimisiones del secretario general de la Consellería y presidente del organismo Aguas de Galicia y del delegado provincial de La Coruña, las responsabilidades políticas por la catástrofe, "ya que sus departamentos eran conocedores de la situación antes de que aconteciese".

Otro motivo de irritación para el sindicato ha sido la comparecencia de Vázquez, el pasado día 16, para informar de los dos expedientes sancionadores abiertos contra Ferroatlántica, algo que consideran "rotundamente falso, por estar el derecho sancionador administrativo supeditado al derecho penal, o lo que es lo mismo, no se puede juzgar dos veces a una misma persona por un mismo motivo, lo que se conoce como "principio non bis in idem". Así, la Xunta no podría iniciar un expediente teniendo la obligación de informar al Ministerio Público de cualquier prueba que obre en su poder de cara al proceso penal. "No es más que una cortina de humo para tapar las presuntas responsabilidades de la Consellería", esgrime el sindicato.