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El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ha dado a conocer su propuesta para renovar a los cinco miembros electivos del Consello Consultivo, que acaban de finalizar su mandato. Junto a María Teresa Conde-Pumpido Tourón, hermana del fiscal general del Estado y magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, están los también magistrados del TSXG -en este caso de lo Contencioso Administrativo- José Luis Costa Pillado y Javier d"Amorín Viéitez.

También serán nombrados miembros electivos por el presidente de la Xunta el magistrado emérito del TSXG José Gonzalo de la Huerga Fidalgo, y el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña, Carlos Martínez-Buján Pérez. El presidente gallego agradeció el trabajo de los miembros salientes, y destacó que los nuevos cuentan con un "amplísimo currículum como juristas de reconocido prestigio y con amplia experiencia".

El máximo mandatario autonómico destacó tras la reunión semanal de su gabinete la plena disposición del Gobierno gallego a asumir los peritajes de los daños causados por el petrolero "Prestige" al hundirse hace algo más de cinco años frente a las costas gallegas. Informó de que este mes remitió al Juzgado de Corcubión, encargado del caso, la propuesta de que sea el Consorcio de Compensación de Seguros el que se encargue de la tarea, puesto que es este organismo el que dispone de "todos los medios y recursos para hacerlo".

El jefe del Ejecutivo gallego esperó que el Ministerio de Industria "recapacite y entienda cuál es el planteamiento justo" que está haciendo Galicia para que mantenga la tarifa eléctrica nocturna y subvencione la adaptación de las instalaciones para las familias que opten por contratar la nueva modalidad. En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Touriño explicó que continuarán trabajando para que se dé cumplimiento a esta reclamación y recordó que existe una declaración parlamentaria unánime para lograr que no se elimine la tarifa nocturna eléctrica.

Se refería a una iniciativa aprobada en el pleno en la que los tres grupos también instaron a la Xunta a dirigirse al Gobierno central y reclamar una moratoria de seis meses .