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El Valedor do Pobo remitió a la presidenta del Parlamento, Dolores Villarino, el informe ordinario del año 2007, que refleja que las problemáticas vinculadas a las obras públicas y las expropiaciones son las que mayor número de quejas han provocado, al acaparar el 14 por ciento del total de las 2.280 reclamaciones registradas. Benigno López, el responsable de esta institución, explicó que en los desposeimientos se "corrigieron disfunciones".

De todos modos, alertó de la insuficiente respuesta de la Consellería de Política Territorial, que dirige la socialista María José Caride Estévez, al respecto del tiempo estipulado para el cobro. Igualmente, alertó de los atrasos en calificaciones urbanísticas, y de las bajas valoraciones económicas que se observan en algunas situaciones, además de mostrar su preocupación por casos de expropiación de viviendas habituales. En total, en este ámbito se registraron 319 del total de 2.280 quejas tramitadas el pasado año por el Valedor do Pobo, en donde también superaron en 250 las reclamaciones relacionadas con la administración económica, comunicación y nuevas tecnologías (293) y las de medio ambiente (278).

Otras de las áreas donde también hubo un elevado número de quejas fueron urbanismo y vivienda, empleo público e interior, sanidad y justicia. En este último caso, el 95 por ciento de los problemas planteados se refieren a retrasos en el proceso, ante lo cual el Valedor apostó por mejorar la planta judicial y consideró necesario un esfuerzo inversor en lo social y lo contencioso.

En cuanto a la sanidad, 61 de las 173 quejas tramitadas el pasado año se referían a las listas de espera, sobre las que Benigno López consideró que la reducción lograda a lo largo de 2007 "apenas resulta apreciable", por lo que pidió una mayor dotación de medios y materiales.

Entre las más de 2.000 quejas tramitadas en 2007, medio millar más que en 2006, también hubo protestas relacionadas con la modificación de la Ley de Función Pública, la tramitación del DNI electrónico, cuestiones lingüísticas, de educación y sobre las listas de espera en el programa de vivienda en alquiler.

A pesar de esta última cuestión, el Valedor do Pobo explicó que en el pasado ejercicio hubo "un descenso en quejas de urbanismo y vivienda", mientras que también pudo observar "intencionalidad por parte de ayuntamientos y Administración autonómica para empezar a atajar el problema" del botellón.

Precisamente, la cuestión del botellón fue abordada por la institución en alguna de las 40 quejas tramitadas de oficio, entre las que también afrontó la problemática de los ruidos y las colas que se dieron en la tramitación del DNI electrónico. Del global, hubo 1.539 quejas sobre asuntos diferentes, y 749 presentadas en serie.