Noticias Ya.com

El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Corcubión ha encontrado suficientes indicios de delito para imputar al alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto, por el escándalo de la agente electoral del PSOE que viajó a Argentina con cargo a fondos públicos en plena campaña electoral de las municipales. La justicia ha citado a declarar a Porto el próximo 6 de agosto, al que se le imputan dos presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

La imputación la reveló ayer el secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda -a pesar de que fue notificada a las partes la pasada semana-, apenas mes y medio después de que PSOE y BNG dieran carpetazo a la comisión de investigación que para este tema de creó en el Parlamento de Galicia, y que se resolvió sin atribución de responsabilidades a ningún cargo público.

En su auto judicial, el magistrado justifica la apertura de las diligencias previas en este caso "para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias", un trámite habitual dentro del orden penal, pero consecuencia de la percepción de algún ilícito penal.

Alfonso Rueda fue un poco más allá, y avanzó que su partido, parte demandante en el proceso, reclamará las declaraciones del secretario de organización del PSdeG y conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, así como de la diputada Marisol Soneira y el secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez, entre otros. "Todos saben muchas cosas de este asunto", ya que para Rueda "Porto sólo es la punta del iceberg".

Varela concedió las ayudas con que la agente electoral Maria Isabel Blanco fue contratada para trabajar en la Ribeira Sacra, aunque acabó haciéndolo en la oficina del sindicato Unións Agrarias en Vimianzo, a las órdenes de Porto. Soneira por su parte fue la que pidió y tramitó el billete de avión con que viajó a Buenos Aires en la campaña electoral, haciendo uso de unas ayudas de Emigración bajo premisas que se demostraron falsas durante la comisión de investigación.

Rueda recordó que el PP pidió la comisión para "saber la verdad de unos hechos gravísimos", recordando que "no comenzó con buen pie" porque "negaron la aportación de papeles y comparecencia de testigos fundamentales" para "arrojar luz" sobre los hechos denunciados. Así, subrayó que, "pese a los obstáculos que puso el PSOE, con la complicidad descarada del BNG, sí salieron a la luz bastantes irregularidades".

No obstante, la comisión de investigación se cerró, según el PP "con la bendición" del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y sin establecer responsabilidades políticas, como demandaban los populares. En este sentido, quieren "que se sepa todo y se actúe en consecuencia".

"Supimos que todo fue normal y que no había indicio de irregularidades", criticó el secretario general de los populares gallegos. "Se cerró con conclusiones vergonzosas, que decían que no pasó absolutamente nada. Que sí, que hubo irregularidades, pero nadie tenía por qué asumir responsabilidades y dar explicaciones", precisó.

Por ello, el PPdeG justificó que recurriera a la vía judicial para "saber qué pasó" y confirmó que el partido "no hará nada que interfiera". De este modo, Alfonso Rueda aseguró que el PPdeG esperará a que la Justicia actúe. "Esperamos que tengan el respeto que no tuvieron hasta ahora", reivindicó, al tiempo que indicó que confía en que "tengan más respeto al juez".

Porto se convierte así en el quinto cargo socialista que pisa un juzgado en la presente legislatura en calidad de imputado. Los cuatro anteriores fueron los responsables de la Consellería de Política Territorial implicados en el caso de la adjudicación de la autovía del Barbanza, por cinco presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y negociación prohibida a funcionarios públicos.

En el banco nacionalista tres altos cargos de la Consellería de Cultura han sido imputados por supuesta prevaricación en relación con el Polígono Industrial de O Pino.