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Dos días después del frustrado intento de consulta de los expedientes de adjudicación del Barbanza por parte de diputados del PP gallego, en la mañana de ayer dos de ellos pudieron acceder por fin a los documentos.

Pero las «formas» de la Xunta no han gustado en el seno de la oposición, por lo que su portavoz parlamentario, Manuel Ruiz Rivas, ha anunciado que dirigirá una queja formal a la presidenta del Parlamento, Dolores Villarino, por el trato «vejatorio» al que, según él, fue sometido por parte del Ejecutivo autonómico. Ruiz Rivas, que acudió a la Consellería de Política Territorial acompañado por el responsable de Infraestructuras de su partido, Alejandro Gómez, y dos asesores técnicos, aseguró en una rueda de prensa posterior a la visita que «el Gobierno está poniendo todas las trabas» para que el PP no pueda consultar el informe «en las mejores condiciones», ya que a los técnicos les fue negada la entrada a la sala donde se encontraban los archivos.

El diputado popular se refirió al episodio vivido en la sede de Política Territorial como un «estado policial» e indicó que, durante la consulta, se sintieron «coaccionados» y «acosados». Asimismo, el político ribeirense se refirió a una situación de «democracia secuestrada», debido a que se les impidió tanto hacer fotocopias como obtener fotografías de los documentos.

De este modo, la Administración les indicó que para copiar los expedientes deberían solicitarlo por escrito en el Registro de la entrada, una medida que los populares interpretan como una oportunidad para «dilatar todo lo posible» la consulta de la documentación y un intento del Ejecutivo para evitar que salgan a la luz nuevas irregularidades antes del lunes, fecha en la que la conselleira del ramo, la socialista María José Caride, comparecerá en comisión parlamentaria para dar explicaciones sobre este turbio asunto.

Por su parte, el departamento dirigido por Caride aseguró que en la visita del PP a la sede, se había respetado la «legalidad». Mediante un comunicado, la Administración declaró que los populares gallegos solicitaron consultar la información al amparo del artículo 9 del reglamento del Parlamento, según el cual «los diputados tienen derecho a recibir directamente o a través de su grupo la información», por lo que Política Territorial señala que la ley contempla la figura del diputado, pero no a personas ajenas como «técnicos».