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El Valedor do Pobo ha iniciado las gestiones para establecer si los desahucios del poblado marginal de O Vao vulneraron los derechos de las siete familias cuyas chabolas fueron derribadas a mediados del mes de noviembre.

El defensor Benigno López González considera que la manera en que se llevaron a cabo las demoliciones pudo dejar en situación de desamparo a los afectados, que fueron desalojados sin contar previamente con una nueva vivienda.

La institución admitió una queja presentada por la asociación Pueblo Gitano en la que se denunciaba la situación de desprotección y desamparo en la que, a su juicio, quedaron las siete familias desahuciadas ?29 personas en total? al carecer de un realojo. El colectivo que dirige Sinaí Giménez relataba en su instancia al Valedor cómo los gitanos fueron expulsados del cámping de acogida en Portonovo y tuvieron que regresar al poblado chabolista, donde permanecieron dos días en las viviendas de familiares y amigos.

El defensor contestó a Pueblo Gitano mediante una carta con salida el pasado 18 de diciembre. En la notificación, Benigno López informa de que su oficina da por admitida la queja «ao entender que reúne os requisitos formais e que atopa, en principio, cobertura constitucional derivada do artigo 47 da Constitución», que reconoce el derecho a la vivienda. Este apartado recoge que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».