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La doble intervención de Félix Porto en la comisión de investigación por el pago de viajes con fondos públicos a una agente electoral del PSOE no sólo no sirvió para arrojar más luz en el escándalo, sino que enredó todavía más la madeja de cara al último día de comparecencias que se celebrará hoy.

Según pusieron de relevancia los comisionados de PP y BNG, existió una serie de irregularidades en la contratación de la agente socialista María Isabel Blanco por parte de la ourensana Asociación de Viticultores do Castro en beneficio de Unións Agrarias en Vimianzo gracias a una subvención de la Consellería de Traballo, cuyo responsable es el número dos del PSOE gallego, Ricardo Varela. Irregularidades que, además, no fueron apercibidas ni investigadas por este departamento de la Xunta.

Porto, en calidad de portavoz del sindicato, explicó que UU.AA. "colaboró" con la asociación en marzo de 2006 para presentar una solicitud de ayudas ofertadas por Traballo, para la contratación de tres personas: perito agrícola, abogado y economista. Aunque no consta documento oficial en ese sentido, Porto añadió que poco después se cambió al economista por un administrativo, única plaza que autorizó a contratar la Consellería.

"Con una sola persona no se podía desarrollar el programa inicial en la Ribeira Sacra", detalló Porto, y entonces el sindicato y la asociación "acordamos" la cesión del administrativo a Unións para posteriormente ser "reasignado" a Vimienzo sin previa comunicación a la Consellería de Traballo, como correspondería según la legislación. El nacionalista Carlos Aymerich mostró su desconcierto ante esta situación, ya que "una lectura suspicaz" al caso podría dar a entender "que intentaron engañar a la administración". A su juicio, no está justificado el objeto de la subvención cuando una persona inicialmente contratada para la Ribeira Sacra acaba en la Costa da Morte. "No lo tengo nada claro", apostilló.

Porto replicó que la contratación de Maria Isabel Blanco no tuvo "ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad", si bien reconoció que fue él quien la seleccionó de la lista de diez personas para cubrir la plaza en la oficina de Vimianzo, en la que él era máximo responsable.

Las anomalías detectadas por PP y BNG en la contratación de Blanco y la ausencia de sanciones por parte de Traballo desmontaron un día más la estrategia socialista de exonerar de cualquier responsabilidad a la Consellería de Ricardo Varela, quien hoy comparecerá en la comisión.

Porto dijo conocer a María Isabel Blanco antes de que trabajase a sus órdenes en el sindicato, tras haber sido presentados por Marisol Soneira -dato que la diputada no aportó el miércoles- . Asimismo, preguntado por las razones por las que ésta viajó 53 días a Argentina sin suspensión de sueldo, Porto explicó que Blanco "me dijo que podría ser la última vez que igual viajaba en su vida"a Buenos Aires, y que por tal motivo la autorizó. No obstante, como tampoco supo hacer Soneira, el actual alcalde de Muxía no fue capaz de aclarar cómo consintió el viaje de Blanco "para ver a su hermana"cuando ésta no estaba en Argentina sino en Vimianzo, un hecho que a juicio de los comisionados Porto debía saber.

Además, Porto no aclaró si Blanco no recibió más vacaciones en el sindicato, pero sí que ésta le prometió "recuperar los días excedidos" de los 30 que le correspondían por el año de contrato a través de "trabajar los fines de semana, dando charlas y con horas nocturnas". No justificó su cumplimiento.

Ya en calidad de alcalde de Muxía y candidato en las últimas municipales, Félix Porto negó la mayor: no envió a Blanco a Argentina como agente electoral -contra lo que ha reconocido el propio PSOE-, no le entregó 2.500 euros en efectivo para gastos, no intermedió ante la Secretaría Xeral de Emigración para que se le concediera un billete de avión pagado por la Xunta ni le proporcionó datos de los emigrantes.

A su juicio, "es mentira que exista una trama", y definió a la que fuera su trabajadora como una "pícara sin escrúpulos que sí utilizaba las relaciones humanas y personales" y reiteró que éste se un asunto "puro de venganza, con un montaje del PP", después de que no le proporcionara otro trabajo a Blanco tras la conclusión del contrato en el sindicato. Cuatro meses después de conocerse el escándalo, Porto dijo que "estudiará la posibilidad" de querellarse contra María Isabel Blanco, algo que aún no realizó.