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El conflicto generado por el realojo de varias familias de etnia gitana cuyas chabolas ubicadas en el llamado "supermercado de la droga", el poblado de O Vao, fueron derruidas el pasado diciembre por orden judicial se ha enquistado en los municipios pontevedreses de Poio y Ponte Caldelas. El caso ha dado más de un giro de tuerca cuando, tras el asentamiento de varias de esas familias en el barrio de Monte Porreiro, las protestas vecinales acabaron por forzar su traslado. Los vecinos exigen, no obstante, una garantía por escrito de que esos clanes, a los que dicen temer "por el trapicheo de droga y no por racismo", no regresarán al barrio. Al negarse a rubricar tal compromiso, el alcalde de Poio, Luciano Sobral (BNG) vivió en propias carnes hasta dónde están dispuestos a llegar.

El pleno ordinario convocado para la tarde del miércoles se presentaba muy caldeado. Dentro y fuera de la Casa Consistorial, unas 300 personas desplazadas desde Monte Porreiro y la parroquia de Caritel (en Ponte Caldelas, donde residen 16 gitanos) enarbolaban pancartas contra ésa y otras administraciones nacionalistas, la Consellería de Vivienda, que costeó el realojo con dinero público, o la Alcaldía de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores, el regidor, ha dado una de cal y otra de arena en esta polémica que se le ha escapado de las manos, puesto que en un primer momento se le tachó de racista por cortar el agua a los inquilinos realojados y prometer su marcha antes de las elecciones generales. En Monte Porreiro le acusan de tolerar después el regreso de esos clanes, que aún conservan las llaves de los inmuebles y guardan dentro sus enseres.

Pero fue Sobral el mayor objeto de ira de los descontentos. Durante una hora y media permaneció escoltado en el interior del ayuntamiento que rige, para salir de la misma forma y pasar a ser zarandeado por los vecinos. Con todo, insistió en que no se va a dar la garantía por escrito que exigen, aunque llamó a la calma para buscar soluciones alternativas. Después comprobó los ánimos más que caldeados de un puñado aislado de violentos que la tomaron con su coche, al que pincharon las ruedas y destrozaron parte de la carrocería además de imprimir con un objeto punzante un insulto contra el dueño. El incidente fue condenado ayer por su homólogo en Ponte Caldelas, Perfecto Rodríguez (PP), que lamentó los hechos al tiempo que demandó "empezar de cero" con los realojos, ya que, consideró, "es evidente que se han hecho mal las cosas y se está generando mayor conflictividad social en la comarca".

El problema latente en la sociedad gallega, donde conviven 10.000 gitanos, un tercio de ellos en poblados chabolistas, se trasladó también al seno del Parlamento autonómico. La diputada popular Susana López Abella interpeló al número dos de la Xunta, Anxo Quintana, por el "cúmulo de despropósitos" ejecutados por el Gobierno gallego en un conflicto, en principio, de orden local. Quintana repelió las acusaciones anunciando un plan para lograr la integración de colectivos gitanos y que prevé la creación de otros poblados bautizados como "de transición" en los que habrá presencia policial permanente (en orden a facilitar la integración y no para criminalizar a sus habitantes, matizó) y programas de integración para cada sujeto.