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No se presenta al Congreso de los Diputados por ninguna provincia gallega, pero ayer lo pareció. Preguntada por la manifestación de la Federación de Cazadores que tendrá lugar en Madrid contra la prohibición de usar perdigones de plomo, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reprobó que se deba a la proximidad de las elecciones, cuando su paseo por Santiago y Orense a lo largo de la jornada pecó de lo mismo.

La ministra visitó primero las obras hidráulicas en el colector del río Sar en Compostela, después acudió a la inauguración en esta ciudad del I Congreso Internacional de "Medio Rural, Agricultura y Cambio Climático", que reunió a unas 500 personas en la capital gallega, y por fin se acompañó del alcalde orensano para reivindicar que la nueva Confederación del Miño-Sil, cuya sede está en esta ciudad, supondrá una "mayor colaboración" del Estado con la Xunta gallega.

Al respecto de esa colaboración aprovechó para ensalzar que la inversión de su departamento fue "tres veces superior" a la realizada por el PP, puesto que "durante esta legislatura el Gobierno central ha invertido 311 millones de euros" con "actuaciones ligadas a la política del agua". En la misma línea, Narbona anunció un próximo convenio con la Xunta para situar a Galicia "en primera línea" en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales.

Según la ministra, la "asignatura pendiente" de los ejecutivos gallegos ha sido precisamente la de no mirar por la preservación de los recursos hídricos, toda vez que no tenía problemas de escasez. Sin embargo, este año ha sido el primero de sequía y Galicia deberá ser "previsora" ante la estimación de que reduzca en un 10 por ciento las precipitaciones en los próximos cincuenta años, dijo en su alocución en el congreso. A esas condiciones meteorológicas "anormales" achacó el secretario general de Uniones Agrarias, Roberto García, las pérdidas (122 millones de euros en los últimos dos años) del sector ganadero gallego, ocasionadas por el descenso en la producción de forrajes con las sequías de 2006 y 2007, que también afectaron al maíz y los cereales. García apuntó la necesidad de contar con un seguro agrario que cubra daños por fenómenos que se escapan a la gestión del trabajador.