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Las dos hijas del narcotraficante arosano Laureano Oubiña, actualmente cumpliendo condena, se reservaban un as en la manga con vistas a torpedear la adjudicación mediante concurso público del Pazo de Baión, situado en la población de Vilanova de Arosa (Pontevedra). En enero de 1995, después de la condena por delito fiscal que dictaminó el tribunal del caso Nécora, el inmueble fue intervenido judicialmente y en 1999 el juez Baltasar Garzón decretó su embargo con el fin de ejecutar la deuda de 15 millones de euros que el "narco" gallego había contraído con su negocio ilícito. Pero Esther y Lara Oubiña Lago, hijas del arosano y de su segunda mujer, con la que se casó en 1987 y que falleció posteriormente, no mostraron ver su "carta" judicial hasta ayer mismo, cuando sus abogados comunicaron que el pasado viernes las dos presentaron un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que impida esa operación alegando que puede lesionar sus derechos como posibles herederas.

En su escrito a Estrasburgo, Esther y Lago esgrimen que la venta de la propiedad requisada a sus progenitores lesionaría la herencia ganancial por parte de su madre y se amparan en el artículo 39 del Reglamento del Tribunal de Estrasburgo. De esta manera se lo hicieron saber también a la mesa de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, que ayer se disponía a abrir los pliegos con las propuestas de las cuatro empresas que aspiran a comprar el pazo -Freixenet, que actualmente gestiona el fecundo espacio vitícola que circunda el edificio, las bodegas gallegas Condes de Albarei y Martín Códax, y el grupo riojano Izagui-. Al comprobar la parálisis del proceso de licitación del terreno que provoca el recurso interpuesto, representantes de las cuatro entidades no pudieron por menos que expresar su "preocupación" por la demora que imprime este nuevo escollo para la venta del inmueble, que en los años noventa se convirtió en el paradigma de las inversiones de una sociedad ficticia a través del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Fuentes de la mesa de adjudicaciones corroboraron que el proceso queda suspendido de forma temporal "como media cautelar" para analizar la documentación presentada por las Oubiña Lago, pese a que el pasado 9 de noviembre el Gobierno puso en marcha la operación pública tras la orden de enajenación y decomiso de los bienes del "narco" gallego, ratificada el 31 de enero de 2002 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.