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El Ayuntamiento de Logroño va a interponer un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Ministerio de Economía de rechazar la compensación económica exigida por el Consistorio por la bonificación fiscal del 95 por ciento en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) concedida a la Autopista Vasco Aragonesa, concesionaria de la AP-68. Dicha compensación, que aprobó el Estado (es quien tiene capacidad para legislar en la materia) y atañe a los ejercicios del 2004 al 2007, supuso una merma de 151.413 euros en las arcas municipales.

Ahora, la Corporación logroñesa quiere recuperar esos ingresos y en línea con varios pronunciamientos judiciales favorables a las tesis municipales, ha decidido recurrir también a los tribunales. La reclamación está además amparada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que asumió como propias las peticiones de los ayuntamientos afectados por bonificaciones a concesionarias de autopistas.

La decisión de recurrir se adoptó por la Junta de Gobierno del pasado 15 de abril, después de que la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Economía denegara, el pasado 31 de marzo, la petición del Ayuntamiento. El portavoz del Gobierno municipal, Vicente Urquía, afirma a este respecto que el Consistorio logroñes sufrió un perjuicio financiero por la bonificación, ante la cual "es una obligación" de este Ayuntamiento "reclamar una compensación ante quien sea". El edil asegura que ya en la oposición, el PSOE demandó que el Consistorio exigiese este dinero, aunque nunca llegó a reclamarse.

Asimismo, comenta que debería ser el Ministerio de Economía quien "compensara automáticamente a los Ayuntamientos", sin forzar la vía judicial, después de las sentencias favorables a los municipios que ha dictado la Justicia en los últimos años. La última de ellas, la que obliga al Ministerio a compensar al Ayuntamiento de Calahorra, si bien fue otro ayuntamiento riojano, el de Cenicero, el que inició en el año 2003 el camino de las reclamaciones judiciales por las bonificaciones fiscales a la autopista.