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El Gobierno de La Rioja está convencido de que el dictamen que la abogada general del Tribunal de Luxemburgo, Juliane Kokott, hizo público el pasado jueves sobre la autonomía fiscal del País Vasco, "en ningún momento da más oxígeno a esa comunidad que a La Rioja". En consecuencia, la valoración del Ejecutivo regional sobre el informe es que "estamos en la misma posición en la que nos encontrábamos antes de que la Justicia vasca plantease la cuestión prejudicial sobre este asunto al Tribunal de la Unión Europea" y la situación "no se ha movido ni un paso".

Así lo aseguró ayer el presidente regional, Pedro Sanz, quien auguró que todavía queda por delante "un largo proceso" que llegará hasta el Supremo, instancia "que será la que tome la última decisión".

En este "vía crucis" judicial, el jefe del Ejecutivo riojano se mostró "convencido y confiado" en contar con "el amparo de la UE y del Gobierno de España" para "resolver de una vez por todas esta situación que padecemos desde mediados del siglo pasado". Pero, de no ser así, sostuvo que "el Estatuto de Autonomía de La Rioja, que está en proceso de revisión, podrá contemplar mecanismos que corrijan la desigualdad, la discriminación o la situación de privilegio de un territorio sobre otro".

Sanz interpretó que la abogada general del Tribunal de la UE "no ha descubierto nada" cuando sostiene en su informe que "el Concierto Económico es legal y que las diputaciones forales tienen capacidad fiscal". "Estamos en la misma posición -recordó-, porque nosotros nunca lo hemos negado". "Lo que siempre hemos mantenido -reiteró una vez más- es que el Concierto puede tener límites, los que establecen la Constitución y la normativa comunitaria, y que es posible compatibilizar el sistema foral con el sistema común". "Ahí es donde está el litigio", aseveró.

Como ejemplo puso el caso de la medida proyectada por el Gobierno central para aplicar el céntimo sanitario a los carburantes, iniciativa que truncó Bruselas "porque la autonomía fiscal de Estado español, de la que nadie duda, está sometida a la legislación europea".

"Error interesado"

Sanz subrayó, además, que la "fiscal" de Luxemburgo no ha entrado al fondo de la cuestión, es decir, a analizar si las ventajas fiscales concedidas en el País Vasco en el 2005 eran o no ayudas de Estado, "y deja muy claro que es un cuestión que le corresponde resolver al Superior de Justicia del País Vasco". Por ello dijo que el Gobierno riojano "ni comparte ni acepta" la lectura de que el dictamen "es favorable a los intereses del País Vasco o cambia el escenario que hasta ahora teníamos". Quienes así opinan "están en un error", dijo. "Un error quizás interesado" con la intención de "trasladar que han sido ganadores".

En este sentido, consideró "contradictorio" que las instituciones vascas interpreten que una sentencia de Luxemburgo en línea con las tesis de su "fiscal" sea el paso hacia el "blindaje" del Concierto, "porque si es así no necesitarían hacerlo". A su juicio, puede tratarse de un "mensaje trampa" para que sea el Gobierno de España "el que lo blinde porque piensan que no van a ganar en la Unión Europea".

El presidente pidió al Tribunal de la UE, "desde la humildad, pero con contundencia", que "considere a los riojanos como ciudadanos europeos y que aplique el derecho comunitario, como ha hecho de forma "exquisita" la Comisión, "que ha sido hasta ahora quien nos ha amparado y protegido en todos los procesos".

Asimismo, reclamó al Gobierno de España "que garantice los principios de igualdad y solidaridad" recogidos en la Constitución. En este sentido, acusó al Ejecutivo central de propiciar "situaciones de privilegio y de discriminación" al no haber recurrido las decisiones de las diputaciones o al barajar acuerdos bilaterales con Cataluña y el País Vasco en la financiación autonómica.