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El alcalde de Logroño, Tomás Santos, calificó de "voracidad fiscal" la actitud de la Comunidad Autónoma al pretender recaudar el Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP) por el paso a propiedad de las plazas de los quince aparcamientos construidos en suelo público. Un impuesto que "no entendemos ni compartimos, porque aquí no se está produciendo ninguna segunda transmisión", argumentó el alcalde.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido encargar un informe vinculante a un bufete externo "de prestigio" para que se pronuncie sobre este asunto, que afecta a casi 5.000 vecinos de Logroño. Para obtener en propiedad su plaza de garaje, el mencionado Impuesto de Transmisión Patrimonial obliga a estos adjudicatarios a desembolsar el 7 por ciento del precio de sus respectivas plazas, cantidad que oscila entre los 1.000 y 1.700 euros. Su recaudación sumaría unos 8 millones de euros, calculan desde el Consistorio.

El alcalde reconoció su "preocupación" por este tema, que le llevó a reunirse con los concejales Vicente Urquía, Ángel Varea y Domingo Dorado, así como con el interventor del Ayuntamiento y los técnicos responsables de la Asesoría Jurídica, Contratación, Servicios Comunitarios y de Patrimonio. Todos coincidieron en que no se da una segunda transmisión en el paso a propiedad de las plazas de garaje, por lo que discrepan con el impuesto anunciado el pasado viernes por el consejero de Hacienda, Juan José Muñoz.

Tampoco las constructoras de los mencionados aparcamientos comulgan con este impuesto, y menos aún los adjudicatarios de sus plazas, que serían quienes tendrían que abonarlo.

Según Santos, se trata de "un problema heredado"; de un impuesto que hasta ahora "nadie había contemplado o, por lo menos, que nadie mencionó a los vecinos cuando concursaron por las plazas de aparcamiento". ¿Sabía el anterior equipo de Gobierno municipal (del PP) la obligación de abonar este impuesto patrimonial?, se preguntó el alcalde. "Si no lo sabían, mal; pero si lo sabían y no lo han querido decir, pues peor", subrayó.

También se refirió al caso concreto del parking de La Cometa, donde no hubo transmisión patrimonial, sino que sus adjudicatarios sólo abonaron el 1 por ciento en concepto de actos jurídicos documentados. ¿Por qué ahora el impuesto del 7 por ciento para el resto?, cuestionó el alcalde. En el caso de que finalmente se imponga el ITP, Santos brindó a los afectados los servicios jurídicos municipales "para buscar una solución que, en la medida de lo posible, les exima".