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El Gobierno riojano ultima un plan de inspección de vivienda protegida, cuyo objetivo será "la lucha contra el fraude en esta materia y garantizar el cumplimiento de la función social de las mismas", afirma su directora general de Vivienda, Marian Ortigosa.

Ortigosa ha añadido que este plan, que desea que esté en vigor en enero de 2009, también aboga por "desincentivar el fraude, no sólo por controlar y sancionar, sino también por evitar conductas antisociales en un futuro y restaurar la legalidad". "Se trata de dar un toque de atención a la sociedad sobre la responsabilidad que tenemos todos de garantizar la finalidad propia de la vivienda protegida para que realmente se destine al fin que le es propio: servir de vivienda habitual y permanente a quienes la necesitan por tener unos recursos económicos inferiores", dice.

Reconoce que, hasta ahora, se desarrollan actuaciones de control y de inspección en vivienda protegida, pero el plan permitirá sistematizar la gestión de control, para lo que se creará una Unidad de Inspección propia, dependiente de la Dirección General de Vivienda, que supondrá un aumento del personal destinado a esta labor administrativa. El plan permitirá establecer unos objetivos concretos, un número de actuaciones y una forma de actuar reglada, con un control y una supervisión por parte de la administración a través de una metodología de trabajo definida.

El control de la calidad y condiciones técnicas de la vivienda protegida, del sobreprecio y del visado de los contratos de alquiler y compraventa son algunos de los aspectos que se controlan en la actualidad, indica Ortigosa.

Señala que le preocupan asuntos como la desocupación de las viviendas protegidas, el arrendamiento ilegal que pueda generar un lucro indebido y el sobreprecio de las mismas y, aunque en La Rioja no existen estadísticas fiables al respecto, los datos iniciales indican que el índice de irregularidades puede ser "elevado".

Por ello, también se elaborará un estudio sobre la situación del parque de vivienda protegida en La Rioja para "tener datos e información y controlar qué pasa con este tipo de viviendas cuando se accede a ella".

El Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida, en el que hay unas once mil personas registradas, es un instrumento que permite controlar la demanda y que quienes demandan cumplan los requisitos, afirma la directora general.

El desarrollo de este plan de inspección conllevará, de forma paralela, una labor de información y asesoramiento a los propietarios de las viviendas protegidas, por lo que "no se trata sólo de inspeccionar y sancionar, sino también de informar".