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El Ministerio de Economía y Hacienda ha abierto la "caja de los truenos" en vísperas de las negociaciones de la nueva financiación autonómica con la publicación de un informe, en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), sobre las balanzas de las autonomías. El estudio tiene en cuenta varios parámetros -la medición exacta es imposible- para dar una idea de qué aporta y recibe del Estado cada comunidad autónoma. En el caso de La Rioja, la principal conclusión es que, en contra de lo que pudiera parecer de una comunidad uniprovincial, de población limitada y con un gran número de municipios aislados, es un contribuyente neto.

Así se desprende de los cálculos de los técnicos del Ministerio y del IEF que detallan una aportación de entre el 1,5 y el 2,32 por ciento del PIB para la Comunidad riojana en el año 2005. Un regla que, en mayor o menor medida, se cumple en todas las autonomías ricas, que son aportadoras netas, y que beneficia a las regiones más pobres, receptoras de fondos: "Es lo que cabe esperar de un sistema fiscal progresivo y de una correcta redistribución de la renta a través del gasto público", aduce el Ministerio de Economía y Hacienda.

Extremadura y Asturias son las comunidades autónomas que obtienen un mejor superávit fiscal en sus balanzas con el sector público estatal, ya que en todos los supuestos son las que reciben más ingresos. Extremadura tiene una horquilla de superávit que oscila entre el 15,01 y el 18,08 por ciento, mientras que las cifras de Asturias varían entre el 10,20 y el 14,33 por ciento. A estas comunidades le siguen Galicia (entre el 6,42 y el 8,23 por ciento), Canarias (1,6 y 6,35), Castilla y León (4,11 y 7,57) y Castilla-La Mancha (3,53, y 6,28).

En el otro extremo, el déficit del sector público con Baleares va del 14,20 al 7,47 por ciento; el de Madrid oscila entre el 9,13 al 5,57 por ciento, mientras que el de Cataluña va del 8,70 al 6,38 por ciento y el de la Comunidad Valenciana, entre 6,40 y 3,22 por ciento. La publicación de las balanzas provocó ayer reacciones diversas entre las autonomías: desde la petición de que no influya en la próxima negociación de la financiación autonómica por parte de las regiones perceptoras al anuncio de Cataluña de que negociará con las aportadoras para que se refleje en un nuevo modelo que tenga en cuenta el esfuerzo de estas comunidades autónomas.