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La Delegación del Gobierno en La Rioja ha incoado 2.235 expulsiones de inmigrantes en situación irregular desde el 2004, año en que cambió el color político de la institución. La cifra supone una media de más de 550 órdenes al año y casi dos expedientes abiertos cada tres días.

En comparación con la anterior legislatura, la Delegación del Gobierno ha iniciado 1.471 expulsiones más que en el periodo 2000-20004, cuando se llegó a las 764, según destaca Gustavo Gauthier, asesor del delegado para Asuntos Sociales. "Estos datos demuestran que ahora se está desarrollando una política seria de repatriaciones", subraya Gauthier.

El 2004 se convirtió en el año con más expulsiones en La Rioja: 637. En el 2005, con el proceso extraordinario de regularización en marcha, la cifra descendió hasta los 476. Sin embargo, repuntó en el 2006 (628) y cayó de nuevo en el 2007 (424). Durante enero del 2008 se han dictado 70 órdenes de expulsión. "En nuestra región no puede residir nadie que no tenga la documentación en regla", resalta el representante de la Delegación.

El procedimiento de expulsión comienza cuando la Policía o la Inspección de Trabajo detecta a un inmigrante en situación irregular. Si no logra acreditar su residencia legal, la Delegación del Gobierno abre el trámite de expulsión, cuyo contenido se remite al interesado para que abandone el país voluntariamente. En caso de no hacerlo, la Policía hace cumplir la orden de expulsión.

Gustavo Gauthier explica que la política de inmigración del PSOE se basa en dos ejes: integración para el extranjero legal y expulsión para el irregular. Por eso, el representante de la Delegación reprocha al Gobierno de La Rioja la pérdida de 4,3 millones de euros para programas de acogida por no haber aceptado a inmigrantes procedentes de Canarias.

"El PP prefiere utilizar un asunto tan importante para excluir y crear polémica antes que para integrar", afirma Gauthier. "Los inmigrantes llegan a La Rioja porque aquí existe necesidad de mano de obra, pero deben hacerlo, como ocurre ahora, con un contrato en origen", concluye el asesor para Asuntos Sociales.