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Las recientes reformas del Código Penal para endurecer las sanciones contra los conductores temerarios están provocando una avalancha de condenas que contemplan la realización de trabajos en beneficio de la comunidad como medida sustitutoria a la pena de prisión. Según los datos facilitados por Víctor Herrero, jefe del Servicio Social Penitenciario de La Rioja, durante los últimos tiempos la media de personas que pagaban por sus delitos mediante la realización de estos trabajos era de entre 30 y 40 al año; en estos momentos son ya 96; y para final de año se calcula que llegarán a ser 300.

Si las estimaciones de Herrero se consuman significará que el cumplimiento de este tipo de condenas se habrá multiplicado por diez en tan solo un año. Esto supone un gran reto para el Servicio Social Penitenciario de La Rioja, que actualmente ha redoblado sus esfuerzos en buscar plazas suficientes para hacer frente a tal aumento de la demanda. "Hasta ahora no hemos tenido problemas. Hay 96 personas realizando estos trabajos y ni una sola sentencia sin cumplir por falta de destinos, algo que muy pocas regiones podrían decir en estos momentos".

Los lugares donde este tipo de condenados cumplen sus penas son, según explica Herreros, organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja o Arad, residencias de ancianos o de discapacitados, instituciones religiosas como Cáritas, o benéficas como la Cocina Económica. Los delitos que les han llevado hasta allí suelen estar relacionados con el vandalismo, pequeños altercados, trapicheo de drogas y "últimamente muchos casos por delitos contra la seguridad del tráfico".

El jefe del Servicio Social Penitenciario comenta que los trabajos en beneficio de la comunidad forman parte de una serie de condenas conocidas como "medidas alternativas" con las que se trata de aplicar la filosofía de la "justicia restauradora" en oposición a la idea de la "justicia retributiva", es decir, "considerar la prisión como la última de las medidas posibles e intentar que los condenados restauren de un modo constructivo parte del daño que han hecho, ya sea directamente a las víctimas o indirectamente a la sociedad".

De este modo, siempre buscando que las condenas cumplan "una función pedagógica, terapéutica o de ejemplaridad social", el Servicio Social Penitenciario intenta "que el trabajo que se le encomienda a cada persona tenga algún tipo de relación con el delito cometido". Por ejemplo, explica Herrero, un joven que ha cometido un acto de gamberrismo puede acabar cuidando los jardines de la ciudad, o un agresor, paseando a un minusválido.

El nuevo reto ahora es conseguir un gran número de plazas relacionadas con los delitos de tráfico. En este sentido Herrero afirma que durante los últimos días ha mantenido contactos con la Comunidad Autónoma para habilitar destinos "en los servicios de Urgencias o en ambulancias".