Noticias Ya.com

"Hay un núcleo familiar que no es refutable: el matrimonio y los hijos menores de 18 años. Todo lo demás es discutible". Entre enero del 2007 y junio del 2008, un total de 2.857 inmigrantes obtuvieron permiso de residencia en La Rioja acogiéndose a la figura del reagrupamiento familiar que, ahora, el Gobierno de Zapatero quiere restringir frenando la llegada de padres y suegros. Las palabras -recogidas arriba- del nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, a buen seguro que resuenan en los oídos de los seis extranjeros diarios que ven realizado su sueño de vivir junto a los suyos en la Comunidad, quienes respiran aliviados porque sus solicitudes hayan sido admitidas a tiempo. En cualquier caso, el cambio de rumbo en la política de inmigración del Ejecutivo socialista, al menos mientras dure la ya reconocida crisis económica, ha pillado a más de la mitad fuera de España.

Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en La Rioja, durante el pasado 2007 se concedieron 2.124 permisos, de los que 820 todavía no han entrado en el país con el visado. Ese mismo año, fueron denegadas 185 solicitudes, archivadas 79 e inadmitida una. Ya en el 2008, y con las estadísticas a 1 de junio, han recibido luz verde 733 -571 aún no han venido-, han sido denegadas 205, más que en todo el año anterior, mientras que archivadas están 29 y, por el momento, no hay ninguna inadmitida.

El reagrupamiento es una consecuencia natural de todo flujo migratorio. Conseguidos los papeles y un empleo más o menos estable, es cuestión de tiempo que el trabajador extranjero plantee la necesidad de traer al resto de la familia desde su país de procedencia. Hasta que pueden formular la solicitud suelen pasar dos o tres años. Desde enero del 2005 y hasta el pasado mes de abril, según datos del Ministerio, España ha concedido permisos de residencia a 252.722 familiares de inmigrantes. Su número ha aumentado año tras año de forma exponencial. Y ahora, tal y como anunciase el propio Corbacho, Trabajo e Inmigración se plantea contener ese flujo.

Para ello, estudia excluir del núcleo familiar con derecho a la reagrupación a los ascendientes de los extranjeros. Esto es: a sus padres y a sus suegros. Caso de salir adelante, esta restricción sería incluida en la reforma de la Ley de Extranjería, prevista para el último trimestre del año. Corbacho considera que, en ocasiones, "la familia puede ser muy amplia", sobre todo "en relación con los servicios que puede ofrecer el Estado de Bienestar". Dicho de otro modo: la llegada de un contingente cada vez mayor de personas de edad avanzada puede ser una carga demasiado gravosa para las arcas de la Seguridad Social y más en una situación económica tan poco halagüeña como la presente.

Hasta ahora pueden beneficiarse del reagrupamiento el cónyuge del inmigrante, los hijos menores de edad, los mayores de 18 años que dependan del padre, aunque suelen encontrar muchas objeciones, así como los padres y los suegros, grandes perjudicados con la previsible reforma. El Gobierno, en un giro de 180 grados en su política inmigratoria, quiere excluir de la lista a las personas mayores. Además, la medida, ideada en un intento -acertado o no- de combatir la crisis, se vería complementada con una serie de incentivos para el retorno voluntario de inmigrantes.

A partir de julio, el Gobierno ofrecerá a los inmigrantes en situación regular que van cayendo en el paro una serie de incentivos económicos para que vuelvan voluntariamente a sus países. La oferta es la siguiente: los extranjeros que acepten volver a sus países podrán cobrar todos los subsidios de desempleo que hayan acumulado en sólo dos pagos: uno del 40 por ciento y otro del 60 por ciento del total. Para percibir esas cantidades, deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo, y comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes, como mínimo.